Fuertemente custodiado por policías con uniformes oscuros, pasamontañas y fusiles de guerra, en la pequeña Sala 7 del Complejo Judicial de Matagalpa, el transportista Walter José Balmaceda Ruiz lloró negando que haya participado en alguna acción relacionada con la masacre del 19 de julio contra simpatizantes sandinistas.
“Son injustos, ellos saben me están involucrando en algo que ellos saben perfectamente que es insólito. Esas personas que yo monté (en el bus) el mismo alcalde (de Darío, Ángel Cardoza) sabe que yo las monté, él les dio dinero, el alcalde les dio dinero a las 5:30 de la tarde en Managua”, declaró Balmaceda a los periodistas.
Ayer fue la audiencia preliminar contra el transportista, a quien el suplente del Juzgado Único de Distrito Penal de Audiencias de Matagalpa, Wilford Ramsés Bustamante Rocha, decretó la medida cautelar de prisión preventiva.
Balmaceda es el conductor y dueño del autobús en el que los tres sandinistas de la comunidad de Las Pilas, acusados inicialmente por el mismo caso, se movilizaron a la celebración oficial en la Plaza de la Fe, en Managua.
El transportista aseguró que montó a esas tres personas frente a la Alcaldía “y todavía le dije al alcalde y al comisionado (a quien no identificó): ‘No quiero problemas, mire la gente que me montaron’”.
Aseguró que el arreglo era llevar a Managua a cuarenta personas de la comunidad Los Encuentros. Sin embargo, por orientación de funcionarios de la Alcaldía, el bus fue abordado en exceso por pasajeros, incluso en la canastera del vehículo.
“PECADO” FUE HACER VIAJE
“Soy ciento por ciento inocente, mi único pecado fue aceptar hacer esos viajes”, respondió Balmaceda a los periodistas, explicando que ha estado preso en condiciones “deplorables” en una celda oscura y calurosa, aún cuando él es hipertenso y diabético.
El abogado defensor Carlos Baltodano y familiares de Balmaceda informaron que el lunes pasado el alcalde designado Cardoza llevó al transportista a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, supuestamente “para reconocer” a los cuatro campesinos (incluido un menor) que estaban presos desde la noche de la masacre. Según el abogado, Cardoza mostraba a Balmaceda algunos vehículos indicándole que pertenecían “a tal comisionado” y “todo un tour le dio por la DAJ”.
Al día siguiente el transportista fue detenido en calidad de investigado.
No se inhibe
“No me voy a inhibir de esta causa”, resolvió el juez Bustamante, a la petición del abogado Baltodano, para que se inhiba de conocer el proceso penal en contra del transportista Balmaceda. La solicitud es porque el juez, considerado de alta confianza dentro del Frente Sandinista, fue acusador particular en representación de ese partido y del alcalde designado de Darío, Ángel Cardoza, en el proceso penal en contra de diez opositores de ese municipio, incluyendo a Balmaceda. Este caso fue por el enfrentamiento entre opositores y orteguistas del 8 de enero de 2012. Aunque después de esos disturbios en 2012 hubo acusaciones recíprocas, policial y judicialmente, solo prosperaron las interpuestas por los partidarios del orteguismo. Solo los opositores Ángel Antonio Gómez Matamoros y Pedro Joaquín Valle Gómez fueron procesados, mientras para el resto de acusados, incluido Balmaceda, había orden de captura.
El juez Bustamante dijo que si está abierta esa causa contra el transportista invitará al Ministerio Público a que “lo pongan a la orden de esta autoridad”.
4 personas murieron y otras 22 resultaron heridas en el ataque a la caravana de buses en el kilómetro 76 de la Carretera Panamericana Norte el 19 de julio.
Según la relación de hechos sostenida por la fiscal auxiliar Yessenia de Jesús Dolmus Hernández, el transportista y los también acusados Juan José y Gregorio Torres Espinoza se reunieron el 17 de julio en Tipitapa con otras “cuatro personas aún no identificadas”, con quienes planificaron y distribuyeron tareas para ejecutar la masacre a la caravana. Sin embargo, el abogado defensor dijo que ese día desde las 10:00 a.m. Balmaceda estuvo reunido con el designado alcalde de Darío, Ángel Cardoza, el jefe policial de ese municipio, subcomisionado José Lezama y con el dirigente orteguista y expolicía Miguel Escorcia, con quienes definió las rutas de la caravana y además acordó el pago de 18,500 córdobas por usar los tres buses del transportista.
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