Es altamente cuestionable el por qué los grupos de simpatizantes, allegados, afiliados, comprometidos o asociados al oficialismo sandinista, consideran como potencial sujeto activo de delito —capaz de haber llevado a cabo la masacre del pasado 19 de julio— a todo grupo de oposición al gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega y automáticamente excluyen de toda sospecha al Gobierno mismo.
No se debe ignorar que esta deplorable y condenable acción ha dado lugar a una inmediata aceleración e intensificación de la represión estatal contra personas inocentes afiliadas a partidos de oposición. De hecho se han suspendido las garantías constitucionales. Esto lo confirma la captura arbitraria de al menos una familia entera compuesta de siete miembros; y el terror que grupos paramilitares, junto con la Policía, están creando en poblados predeterminados.
Tampoco se debe olvidar que en un sinnúmero de ocasiones hemos visto a las fuerzas paramilitares de Ortega, auxiliadas por la Policía, arremetiendo criminalmente contra la población inocente. Siempre con un propósito, con elección de medios, dirección específica y premeditada de la actividad y con completa voluntad de transformar las relaciones Estado-pueblo, Gobierno-oposición, etc.
Lo crítico de esta realidad es que el gobierno de Ortega está libre de toda acción penal y se siente habilitado a ejercer el poder en su manera típica, antijurídica y culpable; sin normas de conducta, sin temor a sanción alguna. Por todo lo anterior, es solo justo e indispensable que el gobierno de Ortega permanezca bajo la misma sombra de sospecha en la que se encuentra el resto de la población a raíz del cobarde asesinato del 19 de julio.
Pero existe algo aún más cuestionable en toda esta tragedia, y es el sentimiento habilitante que ha emergido —de manera emocional— de los corazones de muchos sectores de la población. Paradójicamente, un gremio le exige, públicamente, al orteguismo (léase “a Ortega”) que en nombre de la caridad evangélica restablezca la justicia que ha sido quebrantada. Y que lo haga con las penas correspondientes establecidas en las leyes de la República. Vale recordar que el mismo presidente Ortega fue reelecto ilegítima e ilegalmente por sobre los mandatos y supremacía de la Constitución, que se lo prohibía. ¿Con qué razón y de qué manera se espera que Ortega, su Policía, su Ejército, su procuraduría comenzaran a respetar la ley a partir de este momento?
Un grupo empresarial exhorta al orteguismo a hacer “todo” lo necesario para garantizar que los culpables respondan ante la justicia. Pero ya el día anterior la Policía orteguista había manifestado que no escatimarían ni tiempo, ni sudor, ni sangre para llevar a los responsables a la justicia. Este mismo grupo empresarial hace (de acuerdo con una agenda de intereses creados) un llamado a la población a contribuir y fomentar una cultura de tolerancia y diálogo. Esto, por supuesto, es una invitación a ignorar los abusos y crímenes estatales, ya que ningún ciudadano que no sea orteguista puede encontrar justicia en la Nicaragua de Daniel Ortega Saaveddra.
Las víctimas del 19 de julio no son sandinistas. Son nicaragüenses. Y así también lo debería considerar el propio dictador Ortega, quien no ve a nadie por su valor humano, sino por su valor utilitario.
Quizás nunca sepamos quién cometió este horrendo crimen. Sin embargo, nos queda muy poca duda que el “tiempo, el sudor y la sangre” continuarán corriendo en Nicaragua, mientras el orteguismo despótico siga promoviendo la división de la familia nicaragüense.
El autor es economista y escritor
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
