Uno de estos casos fueron las ejecuciones en la finca El Encanto, en La Cruz de Río Grande, el 21 de mayo 2008, donde tres personas fueron acribilladas por tropas combinadas del Ejército y de la Policía. A pesar de las pruebas de violencia desproporcionada un tribunal de jurado declaró no culpables a los implicados.
También mencionan la denuncia de torturas en Nueva Guinea y posterior asesinato de dos miembros de la familia Artola Delgadillo. Y la ejecución de tres campesinos en la comunidad El Carrizo, el 8 de noviembre de 2011, por un grupo de exaltados del Frente Sandinista.
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Elízabeth Romero
La Policía, el poder judicial y el Ministerio Público fueron las tres instituciones más denunciadas por violaciones a derechos humanos y cuyos casos quedaron en impunidad, en los últimos seis años.
El estudio Impunidad de las violaciones a los derechos civiles y políticos en Nicaragua entre 2007 y 2013 fue promovido por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y la investigación estuvo a cargo de Gabriel Álvarez, abogado constitucionalista, con maestría en derechos humanos.
Durante ese período el Cenidh recibió 11,817 denuncias, de las cuales en 6,573 casos fue comprobada violación de derechos humanos, lo que representó un 55.62 por ciento. De ese total de denuncias analizadas, 3,734 fueron presentadas en contra de la Policía Nacional, 667 en contra del poder judicial y 353 contra la Fiscalía.
Entre los derechos más denunciados —según el estudio—, destacan falta de derechos a la justicia, integridad física y psicológica, libertad individual, debido proceso, seguridad jurídica, derecho a la vida, igualdad ante la ley, derecho a elegir y ser electo, y libertad a manifestación, entre otros.
El director ejecutivo del Cenidh, Mauro Ampié, manifestó que ese organismo que este año cumplió 24 años en la defensa y promoción de los derechos humanos, con los resultados de la investigación pretende incidir ante las autoridades y la sociedad en general a fin de erradicar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos que se ha arraigado en el sistema jurídico y político en Nicaragua
Por su parte, Álvarez recordó que estas violaciones originaron manifestaciones de protesta violentamente reprimidas.
Ampié dijo que con la investigación buscan aportar a la sistematización y al análisis de la impunidad existente en Nicaragua a partir de la valoración de una selección de casos emblemáticos documentados por el Cenidh.
A su vez, con el mismo pretenden sensibilizar a los operadores de justicia y a la sociedad sobre la importancia de erradicar la impunidad en el país.
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