Josué Bravo
Corresponsal / Costa Rica
Desde este viernes entraron en vigencia con algunas flexibilidades, multas económicas a foráneos en Costa Rica que se encuentren viviendo en condición migratoria irregular, patronos que contraten mano de obra extranjera ilegal y a quienes alberguen con fines de lucro a quienes no tienen sus documentos en regla.
En conferencia de prensa, la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz y la directora de Migración, Kathya Ropdríguez, dieron a conocer los alcances e implicaciones de las multas y nuevo plazo extraordinario de la regularización de las personas extranjeras migrantes trabajadoras en el área agrícola.
El 31 de julio venció el último periodo especial habilitado por las autoridades migratorias para que extranjeros que laboran en áreas de servicio doméstico, agrícola y de construcción, pudieran obtener permisos de trabajo bajo requisitos flexibles a los tradicionales.
El vencimiento dio paso al cobro de multas económicas contempladas en la ley migratoria vigente desde el año 2010, el cual se había postergado; y la apertura, bajo presión del sector agroexportador, de un periodo de 6 meses para que los patronos del sector agrícola se inscriban ante la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Una vez inscritos, tendrán un año a partir del I de febrero, para legalizar a los extranjeros que contraten bajo un procedimiento que será anunciado luego por la autoridad migratoria.
En sus explicaciones sobre las multas a patronos, Rodríguez explicó que quedan exentos los del sector agrícola que se inscriban en la DGME y luego regularicen a sus trabajadores.
El área agrícola emplea a unas 200 mil personas anuales, casi todos extranjeros, según cálculos migratorios.
Al resto que contraten mano de obra ilegal y den albergue con fines de lucro a extranjeros en condición migratoria irregular, se exponen a multas que oscilan entre 2 y 12 salarios bases.
El salario base en Costa Rica actualmente está tasado en 399,400 colones (más de 700 dólares). Al momento de aplicarse, la multa se calculará una vez que las autoridades constaten violaciones a las legislaciones del país, pero Rodríguez aclaró que en el país no se desatará una cacería contra empresarios o extranjeros en condición irregular.
En el cobro de la multa de 100 dólares por cada mes de estadía irregular, Rodríguez explicó que quedan exentos menores de edad y turistas, entre otros.
Esto genera un alivio para decenas de miles de nicaragüenses que viajan con visa de turistas a Costa Rica y luego se quedan en el país por más de los 30 días estipulados en la visa. Ellos no pagarán la multa.
El cobro de los 100 dólares o la denegación del ingreso el triple del tiempo que el foráneo estuvo en el país en condición migratoria irregular, será aplicado a los que viven legales en Costa Rica y se mantienen en el país si revalidar su documento, según explicaciones de Rodríguez.
La denegación del ingreso será para el extranjero que sale del país y desea ingresar con su permiso de trabajo o cédula de residencia vencida. Esto si no canceló la multa.
En Costa Rica viven unos 280 mil nicaragüenses legales. Anualmente entran y salen de este país cerca de 500 mil nicaragüenses, según registros migratorios, pero se desconoce quienes viajan solo con pasaporte y quienes son residentes legales.
Costa Rica empezó a habilitar periodos especiales de regularización desde 2012. A esos periodos les llamó transitorios.
En el primer transitorio de 9 meses que permitía poner en orden su residencia vencida, 65 mil extranjeros actualizaron su estatus.
El segundo dirigido a hijos de extranjeros, permitió que 17 mil menores se regularizaran. El tercer transitorio permitió que 4 mil adultos mayores extranjeros, menores foráneos o extranjeros con discapacidad; legalizaran su estadía en el país.
El cuatro, dirigido a trabajadores agrícolas, de servicio doméstico de construcción, permitió que unos 10 mil obtuvieran permisos de trabajo. Este último transitorio no cumplió las expectativas, tomando en cuenta la alta cantidad de foráneos que se emplean en esas áreas.
Rodríguez llamó a la calma y negó que se desate una cacería contra patronos o extranjeros irregulares. Dijo que las multas se aplicarán en situaciones comprobadas, priorizando las denuncias conocidas al respecto.