Tania Sirias y Luis. E. Martínez
Hasta el día viernes primero de agosto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) tenía reportado más de una docena de allanamientos ilegales y donde los familiares de los detenidos ilegalmente no sabían bajo qué cargos eran arrestados, afirmó Gonzalo Carrión, director jurídico de esta institución.
Sequeira recurrió a la Policía local, pero los agentes le recomendaron que fuese a ver al alcalde para que terminen las capturas contra su familia. Han pasado 15 días de los sucesos del 19 de julio, y aún no paran las denuncias de captura arbitraria contra personas a las que las autoridades tildan de sospechosas por la masacre.
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Además deben pedir ayuda a los vecinos y tomar el número de chip de los Policías para poder reclamar por el allanamiento ilegal.
También recomendó a la población movilizarse y manifestarse contra estos abusos de autoridad, ya que todo detenido debe saber el motivo de su captura.
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Carrión afirmó que estas detenciones tenían más características de “secuestros”, ya que a las personas no se les está dando cuenta del porqué están siendo sacadas de sus casas y sin ninguna orden judicial.
“Estamos frente a un hecho grave de desapariciones”, expresó el director jurídico del Cenidh.
Carrión comentó que las denuncias más comunes en los últimos años eran las de torturas por parte de la Policía, pero ahora son “desapariciones forzosas”, hechos similares a los tiempos de la dictadura somocista.
“En los últimos años se había hablado de ejecuciones, tanto del Frente Sandinista como de la Resistencia Nicaragüense o de los opositores, pero no habían registros de desaparecidos”, sostuvo Carrión.
MÁS DETENCIONESILEGALES
La más reciente de las detenciones se llevó a cabo la madrugada del domingo en el barrio Carlos Santi, de Ciudad Darío, en Matagalpa.
La Policía realizó un allanamiento ilegal en la vivienda de Francisco Isaías Obando Lira, donde no informaron los motivos concretos de la captura.
“Creímos que eran ladrones”, dice Yamileth Obando Delgadillo, explicando que con su esposo, Jorge Armando Briones Velásquez, dormían en la sala y “de repente esos hombres botaron la puerta, se metieron y dijeron que eran de la Policía”.
Según el relato de la mujer, los policías sacaron a su marido de la cama lanzándolo al piso. Luego hicieron lo mismo con sus hermanos Roberto Isaías y Jairo Alberto Obando Delgadillo, así como con Obando Lira, de quien no les importó que sea diabético y esté recién operado de la vista.
La denunciante comentó que los policías les hicieron fotos y un hombre vestido de civil ordenó la detención de Jairo Alberto “que fue al único que se llevaron”.
NO DAN MOTIVOS NI RAZONES
“Con todo el miedo del mundo les pregunté por qué se lo llevaban y solo dijeron que era parte de una investigación”, afirma Yamileth, quien el domingo preguntó por Jairo Alberto en la unidad municipal de la Policía en Darío, pero le dijeron que eso era algo de la Policía a nivel nacional y que ellos no sabían.
Don Francisco Isaías es hermano de José Vidal Obando Lira, un obrero opositor al régimen orteguista que fue asesinado a balazos el 5 de noviembre de 2012, durante incidentes violentos poselectorales que también provocaron la muerte del joven Juan Miguel López.
ESTADO CON MÉTODOSDE TERROR
Carrión expresó que el Estado está en la obligación de responder por estas detenciones ilegales y dar cuenta de las personas detenidas.
“Sin embargo, el Estado está utilizando métodos de terror en las comunidades, reviviendo un pasado que a nadie le conviene”, dijo el director jurídico del Cenidh.
Además agregó que “si hacemos memoria, esto nos recuerda a la dictadura somocista que ejecutaba personas, las detenía en el campo, nadie daba cuenta de ellas y aparecían muertas en el campo”, dijo.
Comentó que este tipo de hechos también se vio en los años ochenta y a inicios de los noventa, por lo que esto les preocupa mucho, expresó Carrión.
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