Josué Bravo
Corresponsal / Costa Rica
El nuevo gobierno de Costa Rica debería de posponer el cobro de multas a extranjeros en condición migratoria irregular, mientras da paso a la discusión legislativa de un proyecto de ley migratorio que propone bajar los costos de documentación en el país.
Es el criterio de organizaciones que brindan acompañamiento a los inmigrantes, nicaragüenses y hasta de patronos. El rechazo a las multas es generalizado entre quienes ven eventuales afectaciones, sobre todo a la mano de obra proveniente de Nicaragua.
“No se debe aplicar el cobro para priorizar la reforma a la ley que plantea una alternativa a esos cobros desproporcionados”, expone Karina Fonseca, directora del Servicio Jesuita para Migrantes.
Desde el primero de este mes entró en vigencia la multa de 100 dólares contra los extranjeros por cada mes de estadía irregular en el país, a patronos que contraten mano de obra foránea al margen de la ley y a quienes alberguen con fines de lucro a extranjeros sin sus papeles al día. Los cobros inician a partir del primero de septiembre.
La directora de Migración, Kathya Rodríguez, aclaró que en el caso de la multa de los 100 dólares, va dirigido a quienes dejen vencer su documento de residencia legal y quieran abandonar el país. De lo contrario, al revalidar su residencia, permiso de trabajo o carné de refugiado, entre otros, pagará 3 dólares por cada mes e estadía irregular.
La viceministra de gobernación, Carmen Muñoz, explicó que su gobierno no está recrudeciendo medidas contra la irregularidad, sino dando continuidad a una política de estado de administraciones anteriores. Explicó que antes de entrar en vigencia las multas, hubo diálogo con organismos de la sociedad civil y el sector empresarial.
El sociólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, Carlos Sandoval, comparte el criterio de Fonseca, al proponerle al gobierno un diálogo sobre lo que es proporcional y razonable en la documentación de extranjeros, para encontrar una vía que realmente permita la regularización con costos bajos y trámites simplificados.
En Costa Rica existen alrededor de 280 mil nicaragüenses con documentos que les permiten residir legal. Ellos son vulnerables a la multa en caso de salir del país con residencia o permiso laboral vencido.
La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y la Cámara de Exportadores de Costa Rica, criticaron la ley y piden más diálogo para buscar una solución que no les reste producción y competitividad.
La presidenta de la Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes), Rosita Acosta, dijo que la multa afecta al sector, calculado extraoficialmente en 180 mil servidoras, de las cuales el 40 % son de origen nicaragüenses.
“Es una ley y por ahora no podemos hacer nada, no podemos cambiarla. Acordamos con migración hacer campañas informativas para motivar a los patronos a que las legalicen y explicar quienes están sujetas a las multas”, comentó.
Este tema trajo al tapete las dificultades que encuentran los inmigrantes para documentarse. Por un lado, según Sandoval, el alto costo de los trámites y por otro, el procedimiento engorroso.
El sociólogo expuso que de unos 400 mil nicaragüenses que viven en el país, 100 mil o más está en condición migratoria irregular, pero una parte de esta población, alrededor del 70% tiene vínculo consanguíneo en primer grado con costarricense o residente legal, el requisito indispensable para otra a una cédula de residencia.
El problema es en los altos costos y procedimiento engorroso contemplados en la ley vigente de 2010, lo cual crea un embudo en el que no todos pueden atravesar.
Para un nicaragüense que gana unos 400 dólares al mes, le resulta oneroso obtener residencia porque todo el proceso tiene costos que a veces duplica su salario. El problema se agrava cuando son varios familiares lo que desean ponerse al día.