Josué Bravo
Corresponsal / Costa Rica
Autoridades migratorias costarricenses están anuentes a postergar de nuevo la aplicación de multas económicas a patronos y extranjeros irregulares, siempre y cuando haya compromiso de los empleadores a facilitar la documentación de sus trabajadores inmigrantes.
La viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, explicó que desde su despacho y la Dirección General de Migración y Extranjería, “estamos impulsando diálogos con diferentes sectores para valorar la extensión de términos parecidos al decreto que firmamos con el sector agrícola (transitorio), para entrar como en una suerte de tiempo y espacio para lograr medidas definitivas (de documentación)”.
El 31 de julio venció el último periodo especial habilitado por las autoridades migratorias para que extranjeros que laboran en áreas de servicio doméstico, agrícola y de construcción, pudieran obtener permisos de trabajo bajo requisitos flexibles a los tradicionales.
El vencimiento dio paso al cobro de multas económicas contempladas en la ley migratoria vigente desde el año 2010, el cual se había postergado; y la apertura, bajo presión del sector agroexportador, de un periodo de 6 meses para que los patronos del sector agrícola se inscriban ante la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Las multas son contra patronos que contraten mano de obra ilegal, extranjeros con documento de residencia legal vencido y a quienes alberguen con fines de lucro a extranjeros en condición migratoria irregular. El en caso de los extranjeros, la multa se aplica al salir del país y es de cien dólares por cada mes de estadía irregular.
Muñoz dijo que de emitirse un nuevo decreto para abrir nuevos transitorios, debe ir “acompañado de un compromiso de empleadores en el caso de la mano de obra, de favorecer la regularización”.
“Lo que no queremos es que las empresas obvien estos requisitos y violen derechos de las personas migrantes, a quienes hemos también propuesto defender esos derechos y su integración a la sociedad costarricense”, indicó.
Este jueves aumentó la presión hacia el gobierno para posponer el cobro de multas, mientras se debate una reforma migratoria en el parlamento aumentó.
Un grupo de 30 organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado en el que aseguran que el cobro de cien dólares es desproporcionado, tomando como referencia los salarios que devengan aquellas ocupaciones donde se emplean las personas migrantes.
“Los altos costos de regularización contrastan con los muy bajos ingresos en los espacios laborales donde la población migrante más vulnerable se inserta, tales como el trabajo doméstico, la agroindustria, la seguridad, el transporte, el cuido de personas adultas y menores de edad”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
“Esto no solamente se contrapone con los fines buscados por la adopción de la ley, sino que además incrementa el riesgo de explotación de estas personas que se encuentran al margen de las leyes laborales, sociales y económicas”, añaden.
La aplicación de multas trae de nuevo el tapete las complicaciones para documentarse en Costa Rica, en la que un permiso laboral está sujeto al apoyo del empleador a su trabajador, las cuales no responden a la realidad del país ni a su dinámica económica, según las organizaciones.
Piden que la Dirección General de Migración y Extranjería difunda más información sobre las exoneraciones que contempla la misma ley migratoria de las multas, cuando la condición socioeconómica y vulnerabilidad así lo justifique.
“Denunciamos que las autoridades correspondientes no han aclarado qué medidas van a tomar para proteger a las personas en condición de vulnerabilidad, por el contrario han mal informado sobre la activación del cobro, generando incertidumbre, miedo y malestar entre las personas inmigrantes, muchas de ellas con una familia, trabajo y amistades en este país”, explican.
“De igual forma, consideramos que estas medidas contribuyen a enardecer la xenofobia, la discriminación y aprovechamiento de diferentes sectores hacia la condición de vulnerabilidad de las personas que no han podido regularizar su situación migratoria”, añaden.
