A juicio del sacerdote Uriel Vallejos, vicario de Familia de la Diócesis de Jinotega, la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer es una imposición del Estado, al considerar que esta se aprobó sin consenso y sobre todo sin un proyecto de formación integral.
El sacerdote asegura que la Iglesia católica rechaza todo tipo de violencia contra las mujeres, pero una ley que regula la conducta del ser humano siempre debe estar acompañada de una estrategia de formación.
“Hizo falta una educación integral y se ve que hay una imposición del Estado, pues es una Ley que se aprobó sin ningún consenso de la realidad de la estructura familiar”, valora el sacerdote jinotegano.
Explicó que la Ley no detuvo la violencia contra la mujer y que más bien viene creando zozobra, violencia y desunión en la familia.
“Es triste pero creo que se aprobó una Ley sin consenso, sin un programa de prevención educativa. Como Iglesia nos duele ver a mujeres asesinadas y familias desunidas. El Estado aún puede preparar mejor esa Ley, siempre y cuando todos estemos de acuerdo y vaya acompañada de los mecanismos de formación integral”, asegura el sacerdote Uriel Vallejos.