Las infracciones graves y sus sanciones están contenidas en el artículo 113 de la Ley General de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Entre las infracciones graves está quemar, incinerar, enterrar, almacenar o abandonar residuos peligrosos en sitios no autorizados. Además, transportar residuos peligrosos sin la autorización correspondiente.
Residuos sólidos peligrosos son aquellos que contengan cantidades significativas de componentes que pueden presentar peligro para la vida o salud de los organismos vivos cuando se liberan al ambiente.
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La Ley General de Gestión Integral de Residuos Sólidos fue aprobada solo en lo general el miércoles 20 de agosto, pero luego no se aprobó en lo particular, lo cual generó el rumor de que la empresa privada había llamado a la Asamblea para detener su aprobación total, porque supuestamente está en desacuerdo con las multas por infracciones graves que van desde un millón de córdobas hasta cien millones de córdobas, por contaminación ambiental.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, negó que el Cosep haya detenido la aprobación en lo particular de esta ley, como lo dijo ayer el diputado Wilfredo Navarro, quien es miembro de la junta directiva de la Asamblea Nacional.
Aguerri dijo vía telefónica que el Cosep “ya tiene un consenso (sobre esta ley) y no es por el sector privado que se detuvo la aprobación” en lo particular.
Navarro también es quien aseguró que el Cosep no está de acuerdo con las multas por infracciones graves y dijo no entender por qué la empresa privada teme a esas multas si solo serían aplicadas a las empresas que cometan los delitos establecidos en la Ley.
La aprobación en lo general de la Ley de Residuos no tuvo mayores críticas cuando se discutió el miércoles en el plenario de la Asamblea y además fue efusivamente respaldada por el diputado sandinista Edwin Castro, quien es presidente de la Feria Nacional de la Tierra.
Ayer Castro también negó que la empresa privada haya intervenido para que no se aprobara totalmente esta Ley, pero sí aceptó que “se están haciendo unos ajustes de consenso”.
“Ustedes saben que la lógica de este Gobierno y de esta Asamblea es el diálogo, es la alianza y la búsqueda de consenso”, manifestó Castro, agregando que “habían unos problemitas que algunas alcaldías plantearon precisamente al tema”, aunque no reveló detalles.
Castro aseguró que las multas no están en discusión e insistió en que “hay acuerdos con el Cosep”.
El diputado Gustavo Porras, presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social, también dijo que la aprobación se detuvo porque tienen que hacer procesos de revisión con las alcaldías, con los Sistema Local de Atención Integral de Salud (Silais) y otros participantes de la Ley. “Se está revisando todo”, dijo Porras.
