Geovani Rodríguez Orozco
Era de esperarse que la Ley de Concertación Tributaria (LCT) fuera un fracaso en materia recaudatoria. Si recordamos dicha ley fue aprobada en un solo día, tiempo récord si consideramos que la misma contenía 324 artículos y duplicaba en contenido tanto de forma como de fondo a su ley antecesora, tan solo este dato era capaz de asustar al más valiente de los contribuyentes.
Cuando el primero de enero de 2013 entró en vigencia la LCT de inmediato se observó el cambio total al sistema tributario nacional, la nueva ley traía consigo una gran cantidad de temas nuevos como la separación de las rentas: en rentas del trabajo, rentas de la actividad económica y rentas al patrimonio y sus vínculos económicos en la llamada renta dual, la autotraslación del IVA, las desgravaciones de productos para el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC), los precios de transferencias, el cambio al nuevo período fiscal para que coincida con el año calendario, variaciones en las tasas de retenciones en la fuente por mencionar algunos, que de inmediato configuraron una nueva realidad fiscal.
Dos años después que se aprobara e implementara la LCT, el Estado nicaragüense ha sufrido una disminución importante en la dinámica de sus recaudaciones, dejando atrás la meta de mayores ingresos tributarios y ha obligado al Gobierno a plantearse una reforma para reducir el Presupuesto de la República para finalizar el año 2014. Es contradictorio que en una economía que ha estado creciendo las expectativas recaudatorias disminuyan, esto es un síntoma de un problema tributario.
La pregunta que todos nos hacemos desde hace unos días es ¿a qué se debe la disminución de las recaudaciones?, quizás esta pregunta tenga varias respuestas, aquí presento algunas:
1. Problemas en el diseño de la LCT. Cuando hablamos de diseño nos referimos a los cambios y exoneraciones en el ISC, y cambios en las tasas de retenciones en la fuente y base imponible del IR. Estos cambios se hicieron sin ver el impacto económico que esto ocasionaría. Aquí se observa la falta de lo que se conoce como el análisis económico del derecho, no bastaba con aprobar la ley, hay que ver su impacto económico.
2. Problemas en la implementación de la ley, había desconocimiento de los contribuyentes y de las autoridades fiscales, bastaría hacer una pregunta en varias administraciones de rentas para ver que ante una misma consulta se podían obtener diferentes respuestas. La DGI no tenía la capacidad operativa para la implementación inmediata de la ley, sobre todo cuando la nueva legislación era un cambio total al sistema tributario. El ejemplo más claro es el del formulario de la declaración anual del IR que apareció días antes de la fecha fatal para su pago.
3. Problemas en la conceptualización y falsas expectativas. Los economistas del Gobierno creían que aumentando el número de contribuyentes se aumentaría la recaudación, la realidad demuestra que el costo de incluir a más contribuyentes es mayor a los beneficios obtenidos, al ingresar mayor cantidad de contribuyentes la DGI se llenó de trabajo administrando expedientes y papeles de contribuyentes cuyos aportes al sistema es posible que ya hayan estado incluidos a través del antiguo sistema de retenciones.
4. Crecimiento en la defraudación fiscal y los impuestos subterráneos. Hasta este momento no existe evidencia que demuestre que la ley haya frenado la defraudación fiscal, ni haya regulado al imperfecto y gigante mercado oriental, que ha gozado una amnistía fiscal permanente.
5. Al ser una ley concertada por las élites políticas y económicas es posible que estas dejaran agujeros para beneficiarse, esto ha pasado en la historia fiscal centroamericana, hay un estudio completo sobre este tema del doctor Aaron Schneider.
Con todo esto la principal lección aprendida para el Gobierno es que toda formulación y cambios al sistema tributario deben de ser estudiados ampliamente y deben ser discutidas con todos los sectores para que sea una verdadera concertación tributaria.
El autor es Catedrático de Finanzas.
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