Leonor Álvarez y Emiliano Chamorro
El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Báez, quiso dejar claro ayer que la Iglesia católica “nunca” se ofreció a ser mediadora en los casos de violencia hacia las mujeres, como ahora lo establece el reglamento de la Ley 779 (Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer).
El decreto número 42-2014, que reglamenta la Ley 779, incorpora a las pastorales familiares y líderes religiosos entre las consejerías familiares en la comunidad o consejerías comunitarias, junto a los Gabinetes de Familia, comunidad y vida, para trabajar en coordinación con el Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez (artículo 9).
Monseñor Báez reconoció que en el documento entregado al Gobierno el 21 de mayo pasado se le hizo ver al presidente inconstitucional, Daniel Ortega, la importancia de la mediación en el proceso de aplicación de la Ley 779, “con el objetivo de evitar que los matrimonios se rompieran tan fácilmente”.
En el artículo 48 se considera a los religiosos como auxiliares de la Policía y del Ministerio Público, para verificar los factores de riesgo que facultan para la detención policial de los denunciados.
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Sin embargo, Báez explicó que con esa posición “nunca” quisieron decir que los obispos y sacerdotes “iban a ser mediadores ni estar al mismo nivel de otros organismos de la sociedad civil o del Gobierno”.
Báez también quiso dejar claro que se debe separar “lo que toca al Gobierno en el ordenamiento jurídico, económico y político de una sociedad y el papel de la Iglesia que se sitúa a nivel de educación de la conciencia, de proclamación de valores evangélicos”.
El obispo auxiliar confirmó que en los próximos días se reunirá la Conferencia Episcopal para analizar este tema.
ABUSO ESTATAL
Monseñor Silvio Fonseca calificó el reglamento de la Ley 779 como un abuso estatal sin precedentes en la historia eclesiástica de Nicaragua, por incluir a la Iglesia para que actúe como “policía voluntaria”, auxiliando a las autoridades en los problemas de familia.
“La Iglesia no puede ser equiparada a un organismo social ni mucho menos a un brazo del Estado. La Iglesia católica existe para servir a Jesucristo y a la humanidad; en segundo lugar”, aclaró el vicario de Familia, Vida e Infancia de la Arquidiócesis de Managua.
“MATERIA SAGRADA”
Además, Fonseca explicó que la misión de “la Iglesia en materia de conflictos familiares íntimos, son asuntos de dirección espiritual y secretos de confesión y de ninguna manera deben ser revelados y comentados, porque son de materia sagrada”.
“Esta reglamentación, donde específicamente se menciona a las pastorales e Iglesia, es sin precedente en la historia eclesiástica de Nicaragua, porque somos un Estado laico y eso es competencia religiosa, de conciencia”, agregó Fonseca.
El pastor Augusto César Marenco rechazó el contenido de la reglamentación de la Ley 779, la que como política de Estado mandata a la Iglesia en Nicaragua a que se convierta en instrumento de la Policía Nacional, Fiscalía, Corte Suprema, en la aplicación de la Ley 779.
“Eso hay que analizarlo profundamente porque la Iglesia es luz del mundo y no necesita estar organizada en estructuras estatales para que esta pueda hacer su función que le corresponde como un cuerpo de apoyo para la sociedad”, reflexionó Marenco.
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