Lucía Navas
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) presionó este 17 de septiembre al Gobierno para que la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) cumpla las resoluciones de los tribunales administrativos y judiciales a favor de las empresas.
Cosep enviaría este miércoles a Bayardo Arce, quien dirige la comisión de seguimiento —de empresarios y Gobierno—, los 22 casos de empresas y agencias aduaneras afectadas.
Pese a contar con resoluciones a favor de ese número de empresas por el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Ministerio de Hacienda, las mismas no se cumplen por parte de las autoridades de la DGA y de la Dirección General de Ingresos (DGI). Cada caso iría acompañado con el número de expediente y debidamente documentado.
Cosep advirtió que al retener las mercancías, obligar a pagar más impuestos o no devolver las garantías económicas para liberar las importaciones, se deterioran las finanzas de los negocios.
Para el gremio empresario, al Gobierno le “toca hacer el trabajo” de lograr la formalización de más empresas que hoy están en la informalidad para elevar el nivel de recaudación para hacerle frente a las múltiples necesidades.
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“¿Quién le devuelve a estos comerciantes, a estas empresas afectadas, los costos financieros, logísticos, la pérdida de tener la mercadería por meses retenida?”, cuestionó José Adán Aguerri, presidente del Cosep.
RECLAMOS MÁS COMUNES
Los reclamos más comunes son por incumplimientos de plazos establecidos para la entrega de la mercadería, solicitudes de devolución de montos de impuestos pagados de más, así como la inhabilitación de agencias aduaneras por dudas de valor. El Cosep advirtió que hay más casos de empresas afectadas que están validando con las pruebas para remitirlos al Gobierno.
“La respuesta debería de ser inmediata por parte de las autoridades porque ya hay una resolución que no se está aplicando”, insistió Aguerri.
Arce minimizó el viernes 12 de septiembre que la problemática con Aduanas fuese generalizada. Sin embargo, a diario las diversas empresas asociadas a las Cámaras del Cosep remiten quejas por los obstáculos que enfrentan, como la sobrevaloración de la mercadería importada, retrasar meses el desaduanaje, no devolver las garantías de dinero para liberar la mercadería, entre otros.
EL CASO DE LUCIANO GARCÍA
Aguerri recordó el caso del empresario Luciano García, a quien lleva varios meses enfrentando lo que él ha calificado como arbitrariedades de DGA, que lo sometido a diversas inspecciones y revalorización de sus importaciones para cobrarle más impuestos, pese a que desde el inicio de la importación el mismo sistema aduanero le autorizó por haber cumplido los procedimientos.
“Nosotros lo que le hemos dicho al Gobierno es que cada 10 días, cada 15 días, cada 30 días que pierden las empresas (con su mercadería retenida), el Gobierno, la DGA y la DGI no le pagan al comerciante el tiempo perdido, los costos, los intereses que se van generando por el préstamo que hizo el comerciante”, dijo Aguerri.
“No es a través del cierre de empresas que se va a recaudar más”, insistió.
El gremio no acepta “la teoría de algunos funcionarios” de que todos los comerciantes actúan pensando en violentar las leyes, como justificación a las trabas impuestas.
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