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Francisco Flores, de 54 años, fue investigado por el Congreso y la Fiscalía a raíz de una denuncia formulada en 2013 por el entonces presidente Mauricio Funes (2009-2014), después de conocerse un reporte de operaciones sospechosas detectadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Ante la Comisión especial de la Asamblea Legislativa, Flores afirmó que “jamás existió o ha existido beneficio personal de ningún tipo en el manejo de las cuentas de Taiwán”, pero no dio nombres de personas o instituciones a las que se les haya entregado la ayuda taiwanesa.
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Fuerzas especiales de la Policía trasladaron ayer al expresidente Francisco Flores a los calabozos de la División Antinarcóticos, donde esperará la audiencia inicial en los tribunales de justicia para responder por peculado de 5.3 millones de dólares y de enriquecimiento ilícito por 10 millones de dólares provenientes de donaciones del Gobierno de Taiwán durante su administración.
Según un estudio del historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte, seis expresidentes de El Salvador fueron procesados por corrupción entre 1885 y 1948, pero ninguno fue encarcelado. Flores enfrentará audiencia inicial en noviembre. De ser encontrado culpable, podrían condenarlo hasta a 23 años de prisión.
“Se ha ordenado el traslado a prisión del expresidente y en este caso es la Policía la que lo lleva a una celda en las instalaciones de la DAN”, señaló a la prensa el subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto. “Es una celda normal, sin nada especial y en donde el expresidente estará solo”.
Cotto expresó que en la DAN existen las suficientes garantías para la seguridad de Flores, y señaló que “tenerlo en (su) casa generaba gastos”, y la movilización de más de veinte policías por turno, entre ellos de las fuerzas especiales.
El juez de instrucción, Levis Italmir Orellana, ordenó el 5 de septiembre el arresto domiciliar, luego de que Flores se presentara sorpresivamente en los tribunales para responder a las acusaciones en su contra, tras estar prófugo durante cinco meses, pero La Cámara Primero de lo Penal revocó la decisión y en la resolución, firmada por los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Carlos Sánchez, indicó que aún persiste el peligro de que el exmandatario se fugue.
Dicen que el exmandatario no ha justificado de manera razonable y objetiva los motivos que le impidieron asistir al llamamiento de la justicia, y por ende su evasión no está justificada. Los magistrados también señalan que el haber huido sin que lo pudieran capturar durante cinco meses, demuestra que hubo “una necesaria red de apoyo“, que le permitió permanecer oculto y también presentarse de manera inesperada, rebasando los controles normales de las autoridades.
Flores huía de la justicia y tenía una difusión roja de la Interpol y orden de captura desde mayo. Las autoridades embargaron bienes inmuebles del exgobernante.