Doña Rosario Murillo es inteligente y clave en decisiones claves. Ojalá pondere bien los nombres y calificaciones de quienes han de regir el Ministerio de Educación (Mined). Esta es la cartera más importante del país. Aunque su buena o mala marcha no tiene un impacto inmediato en la economía, como es el caso de otros ministerios, a largo plazo su influencia es decisiva. La calidad de nuestros estudiantes determinará nuestra competitividad y nuestra formación ciudadana.
Un Ministerio de Educación no es algo que se pueda confiar a personas políticamente confiables pero profesionalmente ineptas. Si para una compañía privada que maneja millones de dólares, se buscan gerentes del Incae o del más alto nivel, cuánto más para un ministerio de ese calibre: el Mined tiene la nómina más grande del país y el presupuesto más alto después del Minsa; 283 millones de dólares. El hecho de que no genere ganancias no significa que pueda manejarse sin los principios gerenciales que exigen grandes organizaciones.
Un error común, en Nicaragua y muchos países, es creer que los ministros de educación deben ser docentes o especialistas en educación. Estos son necesarios en niveles técnicos y curriculares, pero a nivel del manejo macro suelen ser demasiado teóricos y carecer de aptitudes administrativas. Un error semejante se comete a veces con los ministros de salud, cuando se nombran médicos sin cualidades gerenciales.
Al Gobierno le conviene montar un equipo dirigente del Mined del más alto nivel, con líderes escogidos dentro de lo mejor de sus filas. Y debe ser un liderazgo orientado al consenso y deseoso de embonarse con el sector privado. Así como la alianza empresarios-gobierno ha dado muy buenos frutos para ambos, una alianza Mined-sector privado sería tremendamente fructífera. No se trata de mercantilizar la educación, como puede pensar algún ideólogo cuadriculado, si no de incorporar en ella a un sector de gran importancia estratégica y con muchas luces administrativas. Un ejemplo de esta simbiosis lo proporciona El Salvador; allí la educación técnica pública fue asumida por el sector privado convirtiéndola en la mejor de la región y trayendo grandes beneficio a sus egresados.
La importancia que tienen las decisiones administrativas fue algo que palpé como ministro de educación de doña Violeta. Tras visitar al Instituto Ramírez Goyena y notar grifos chorreando, pregunté al director cuánto gastaba en agua. No lo sabía; el Mined central hacía los pagos. Cambiamos el sistema y asignamos a cada centro, en función de su matrícula, un presupuesto diferenciado para cubrir el rubro. El director asumía la responsabilidad por los déficits o superávits. El consumo anual bajó de 8 a 2 millones de córdobas. En otros rubros hubo economías mayores.
Tal descentralización fue eliminada por el ministro Miguel De Castilla cuando por razones más ideológicas que técnicas, se demonizó la autonomía escolar sin sopesar debidamente sus pros y contras —y sin consultar con los involucrados—. Como todo en la vida, la autonomía tenía luces y sombras. Lo más criticado fue el cobro en los colegios. Al eliminarlos se pensó que ocurriría una explosión en la matrícula. Esto no se produjo, como atestiguan las estadísticas, pero se sacrificaron sin necesidad los aspectos positivos que tenía la descentralización, revirtiendo al centralismo de antes.
Sé que escribir en estos términos provocará en algunos las descalificaciones acostumbradas. No lo hago para elogiar nuestra terrible administración neoliberal, sino para subrayar la trascendencia de ciertas decisiones, así como el deseo de ver, a la cabeza de la educación nicaragüense, equipos mucho mejores que los anteriores.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.
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