Aunque en los últimos años las condiciones han mejorado, la situación de los pueblos indígenas en América Latina sigue siendo difícil, es casi un “choque de cosmovisiones”, dice la experta canadiense en Responsabilidad Social Empresarial y Consulta Previa a Pueblos Indígenas, Jay Hartling.
Para Hartling es en “Bolivia, Perú, Colombia, quizás en Costa Rica y eventualmente en Panamá”, donde hay más esperanza porque “hay gobiernos que están tomando el tema con más seriedad y compromiso”. Sin embargo, las contradicciones persisten y se hacen más evidentes cuando los Estados entregan concesiones a empresas, generalmente transnacionales, para el desarrollo de proyectos de gran envergadura.
La consultora y asesora de la viceministra de Asuntos Indígenas en el gobierno de Nueva Escocia, Canadá, que visitó Nicaragua recientemente, detalla el procedimiento que deben seguir los procesos de consulta previo a la entrega de las concesiones, la solidez que le da a los proyectos tener buenas relaciones con las comunidades y las opciones legales con las que cuentan los afectados cuando no logran el consenso con los desarrolladores de los proyectos.
¿Qué garantiza el establecimiento de buenas relaciones entre la empresa y la comunidad ?
La importancia, para mí y según la ley internacional es establecer una relación de largo plazo porque esas transnacionales y en otros casos empresas nacionales o estatales, van a estar en la comunidad o cerca de ella por veinte, treinta o los años que sean. Tienen que respetar los derechos y la visión de esa comunidad. Para las empresas es sumamente importante establecer una relación fuerte, honesta, transparente, con información fidedigna, antes de tener cualquier tipo de permiso.
¿Cuál es la información que debe ser clara, precisa y honesta?
Todo sobre el proyecto. En Canadá la práctica es ver los impactos ambientales, sociales, culturales y también económicos, porque hay impactos positivos y negativos, entonces esas son las cosas que tienen que informar: si es una mina por ejemplo, qué tipo de mina, qué mineral van a sacar, qué mano de obra van a necesitar, qué salarios van a pagar, cuáles son las operaciones, cómo lo extraerán, cómo se hará el tratamiento de los desechos o residuos, cuál puede ser el daño ambiental. También cuáles pueden ser las cosas positivas. Lo más indicado es dar toda la información, toda, sin guardar nada.
¿En qué momento se debe brindar esa información?
Mucho antes de que empiece el proyecto. Antes de entrar, antes de obtener cualquier permiso las empresas tienen que contactar a la comunidad, tienen que ir a decir lo que quieren hacer. También los gobiernos entre los requisitos que establecen también incluyen la relación con la comunidad. Normalmente las autoridades están vigilando para ver cómo va el progreso de la relación, porque las empresas pueden decir que todo va bien y los líderes de las comunidades decir algo totalmente diferente. Entonces los gobiernos tienen un rol clave en el establecimiento de relaciones claras con las comunidades, no solamente la empresa. Por tanto, antes de cualquier tipo de permiso hay que establecer una relación con la comunidad.
¿Qué empresas o proyectos están obligados a respetar este mecanismo?
Todas las empresas y todos los proyectos, pero también cualquier tipo de medida o decisión que tomen los gobiernos y que pueda afectar los derechos de los habitantes de las comunidades. Hay miles de decisiones que toman los gobiernos cada año que pueden afectar los derechos de las comunidades, que deben cumplir este proceso porque eso es lo que manda la ley internacional.
¿Qué contempla el marco legal internacional para estos casos?
Básicamente que los gobiernos tienen la obligación de consultar y tratar de conseguir el consentimiento de la comunidad mientras ellos están tramitando o aprobando los permisos para que las empresas desarrollen cualquier proyecto. Hay dos instrumentos internacionales que contemplan estos derechos, el primero es el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la OIT que fue ratificado por Nicaragua en 2010; y el segundo, que también fue aceptado por Nicaragua es la Declaración de la ONU (Organización de Naciones Unidas) sobre los Derechos Indígenas. Estos son los dos instrumentos internacionales fuertes.
¿Qué pasa con proyectos como el Gran Canal de Nicaragua que primero entregó la concesión y luego promovió la consulta?
Bueno depende de cómo suceda el proceso. Sé que hay proyectos que son estratégicos para los países, entonces los gobiernos tienen el derecho de decidir. Imagino, no estoy segura porque no conozco a profundidad el proyecto del canal, pero imagino que ellos piensan que es algo estratégico para el país, para la economía, su crecimiento y desarrollo, entonces para entregar la concesión no consultaron. Pero es más óptimo consultar antes de tomar decisiones.
¿Y cuál es esa etapa preliminar que se saltaron con el proyecto del canal?
Bueno, primero decidieron (que) necesitamos un canal, averiguaron quién lo puede construir, quién tiene el capital, buscaron el capital y firmaron. Luego viene todo lo del diseño, decidir dónde lo van a construir y todo lo de la parte de los estudios medioambientales y luego ahí está la consulta, pero este es una opción que también está contemplada en la legislación internacional.
¿Después de esta etapa preliminar qué sigue?
Después hay todo un proceso que tiene como seis etapas. El primero es el contacto, la información, la búsqueda del consenso con las comunidades para llevar adelante las consultas. No es bueno que un gobierno imponga el proceso en las comunidades, es mejor desarrollarlo juntos y que ambos estén de acuerdo en cómo se hará la consulta. Eso incluye muchos aspectos logísticos, traducción cuando hay lenguas diferentes y garantes del proceso, que pueden ser el procurador de derechos humanos o representantes de las iglesias.
Luego viene la segunda etapa que es compartir toda la información, pero toda. He visto casos donde hay empresas que esconden información, mienten, cambian la información, dan un poquito de eso y quitan lo otro y eso no puede ser así. Tiene que ser toda la información y en una forma en que la gente la entienda.
¿Cuál es la siguiente etapa?
En la tercera fase comienza el diálogo. Las comunidades deben tener el espacio para dialogar adentro, sin el Gobierno y sin la empresa para decidir juntos, cuáles son los impactos. Luego es la parte bilateral del diálogo, es ahí donde deben sentarse con la empresa y el gobierno para comenzar a recibir toda la información y es el momento de despejar todas las dudas. Mientras que el cuarto paso es el de los acuerdos, porque todo el propósito de la consulta es llegar a acuerdos, es decir obtener el consentimiento de los afectados. En la declaración de la ONU se habla de consentimiento pero al final es un acuerdo. Después de esto el Gobierno toma la decisión final, pero sin descartar todo lo que pasó durante la consulta y finalmente hay un proceso de monitoreo, todo esto está establecido en los estándares internacionales.
¿Qué pasa cuando no se respetan estos estándares internacionales?
Pues eso depende del monitoreo. Si se tiene un garante del proceso como un procurador de derechos humanos o alguien de una iglesia u otra organización, ellos monitorean el proceso mientras se lleva a cabo y pueden decir si se equivocaron en este o aquel asunto y tienen que corregirlo. Pero tampoco es que se va a descartar todo el proceso. En América Latina existe la tendencia de tratar de invalidar toda la consulta por una falla, en lugar de decir aquí se cometió un error, lo corregimos y seguimos adelante.
Lo otro es que siempre se tiene la opción de llevar el caso a un tribunal. No sé en Nicaragua cómo funciona el sistema judicial, en Canadá es muy fácil que un pueblo indígena que tiene problemas en la consulta o al que no se le consultó, lleve el caso a un tribunal provincial y obtenga un amparo, pero el amparo no es contra el proyecto, es para hacer la consulta. Si el juez lo decide se para el proyecto y ordena hacer la consulta.
¿Cuando los gobiernos tienen interés en el proyecto e inciden en la decisión judicial queda otra opción ?
Bueno hay instancias como la OIT que hacen una revisión cada dos años sobre la implementación de este convenio, ellos hacen comentarios, pero yo los llamo reportes sin dientes porque no generan repercusión. A excepción de su publicación internacional, pero no es que puedan multar a algún gobierno o algo así. La otra opción es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que ya ha fallado en once o doce casos sobre consultas a los pueblos indígenas, pero es mejor resolver dentro del país.
¿Qué garantiza respetar los procedimientos establecidos?
En mi experiencia puedo decir que los proyectos que no tienen apoyo desde el principio o una interacción positiva, continúa y comprometida de la empresa con la comunidad simplemente tendrán problemas siempre. He visto experiencias de los dos tipos: en la que la empresa ignora todo lo que dicen las comunidades, hace lo que quiere, atropella los derechos y al final su proyecto no se concreta, el Gobierno niega la concesión. El otro ejemplo es lo bueno, empresas que llegan, hacen lo que tienen que hacer, cumplen lo acordado, y ahí están sus proyectos operando y produciendo con normalidad y las comunidades recibiendo los beneficios establecidos, que pueden ser medioambientales, culturales, económicos, de empleo y de ingresos.
¿El apoyo gubernamental puede sustituir el aval que una comunidad niega a un proyecto?
A veces eso es lo que pasa y eso lo dice el Convenio 169, que el Gobierno que está elegido por toda la población de un país tiene el derecho a tomar la decisión final. Pero el convenio también dice que no se puede ignorar todo lo que pasa durante la consulta. Entonces no es que pueden hacer un gran proceso de consulta y hablar de muchas cosas y ponerse de acuerdo y luego decidir y hacer otra cosa. El apoyo del Gobierno simplemente no puede sustituir el de la comunidad, pero sí, lamentablemente eso pasa en muchos países, la empresa recibe luz verde del Gobierno y eso es suficiente para ellos. No es una buena práctica pero lamentablemente funciona en todos los países.
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