El Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) dio lugar a la queja interpuesta por el empresario Luciano García en contra de las autoridades de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), por haber encontrado una serie de violaciones a las normas legales en la retención de la importación de cincuenta bultos conteniendo mercancía para el comercio local.
García fue notificado del fallo del TATA ayer por la tarde y lo recibió “con mucho agrado porque se constató que procedí conforme las leyes y nunca actué con intención de defraudar”.
El TATA ordena a la DGA “el cese de toda actividad arbitraria en perjuicio de la empresa Inversiones García Chamorro Sociedad Anónima” y manda le entregue “inmediatamente y sin dilaciones la mercancía retenida”.
RESOLUCIÓN CONTRA ELTITULAR DE LA DGA Y OTROS
La resolución del TATA es en contra del director general de la DGA, Eddy Medrano Soto, y tres de sus altos funcionarios, como son Luis Vizcaya, subdirector general de Operaciones, así como Héctor Manuel Pavón y Karla Vásquez, director y auditora de la División de Fiscalización Aduanera, respectivamente.
García presentó la queja el 4 de septiembre pasado ante el TATA —que es la última instancia administrativa para resolver las quejas de las empresas contra los procedimientos de Aduana—, donde señaló a las autoridades de una serie de arbitrariedades y atropellos contra su empresa.
Por el daño económico causado, García cerró uno de sus locales donde vendía artículos para el hogar.
Desde el 15 de agosto pasado la Administración de Aduana Managua mantiene incautados cincuenta bultos con mercadería importada por la empresa Inversiones García Chamorro. La Inspectoría Aduanera le quitó 27 bultos de esa carga cuando era sacada del depósito fiscal aduanero, Alminsa.
TRIBUNAL CONFIRMA ABUSOS DE LA DGA
El TATA sostiene su resolución a favor de García porque en la revisión de los documentos de la importación de la mercancía se constató que se cumplieron los procedimientos aduaneros.
“Esta autoridad no encontró razón plasmada por el funcionario de la División de Inspectoría Aduanera de la DGA, en la que se señalara la causa por la que se retenía la mercancía; tampoco se observaron detalles de hechos que justificaran la presunción de haber cometido infracción aduanera por parte del consignatario”, es decir, por García, se lee en la resolución del Tribunal Aduanero.
El TATA bota el alegato del director de la DGA de que la retención fue “por presunta infracción aduanera e inconsistencia de valores de las mercancías”. Más bien el Tribunal deja claro que los funcionarios “no remitieron íntegramente el informe” que les fue requerido para responder a la queja presentada por García.
Para el TATA, la DGA, con la retención de la mercancía, “incurrió en una actuación contraria al principio de legalidad, lo que devino en arbitrariedad en perjuicio de la empresa Inversiones García Chamorro”. Esto porque se constató que el sistema selectivo aduanero el 8 de agosto pasado, cuando se hizo la declaración, autorizó “Verde”, es decir, dio el visto bueno para su liberación “porque no requería revisión física, ni documental” de la carga.
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