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Daniel Ortega decidió aplicar el artículo 58 de la Ley de Crimen Organizado, que establece que es Tesorería de la República la que distribuirá los recursos obtenidos al crimen organizado. LA PRENSA/ARCHIVO

Fondos narcos al presupuesto

Por primera vez el Gobierno incluirá en la propuesta del Presupuesto General de la República los recursos provenientes del crimen organizado.

Por primera vez el Gobierno incluirá en la propuesta del Presupuesto General de la República los recursos provenientes del crimen organizado.

En el artículo 17 de dicha propuesta, enviada por el presidente inconstitucional Daniel Ortega a la Asamblea Nacional, establece la autorización al Ministerio de Hacienda y Crédito Público incorporar los recursos provenientes del crimen organizado en el Presupuesto General de la República 2015, conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Ley 735, Ley de Prevención del Crimen Organizado.

Hasta ahora estos fondos y bienes incautados provenientes del crimen organizado y en particular del narcotráfico habían sido distribuidos, según disposiciones de las autoridades de algunas instituciones.

A su vez, nunca se ha sabido la cantidad exacta de los recursos ocupados. Hasta ahora la construcción de cárceles, hace poco inauguradas, con fondos ocupados a los falsos Televisa han sido las únicas obras visibles ejecutadas con dinero del crimen organizado.

8 son las instituciones del Estado que podrán tener acceso a dinero proveniente del crimen organizado, según la ley, y para programas, proyectos de prevención, investigación y persecución de los delitos relacionados.

El exdiputado José Pallais dijo que el procedimiento empleado esta vez por el Gobierno es el correcto y que anteriormente se habían negado a hacerlo.

“Ese es el procedimiento lógico que debió proceder desde un principio”, manifestó el exparlamentario e impulsor de la Ley 735, de Prevención del Crimen Organizado. Esto indica, según Pallais, que las instituciones que son beneficiadas con recursos incautados al crimen organizado o al narcotráfico, deberán disponer de los mismos en cumplimiento de la ley y mediante registro de ejecución presupuestaria.

Y por tanto la Contraloría General de la República y la auditoría del Ministerio de Hacienda están facultados para investigar su uso.

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