El martes de la semana pasada, la bancada opositora en la Asamblea Nacional presentó una iniciativa de ley para regular los precios de ocho productos esenciales de la canasta básica, con el propósito de garantizar o facilitar el acceso a ellos de la población de menos recursos económicos. Específicamente, la iniciativa de ley que fue presentada por varios diputados de la bancada del PLI propone establecer un mecanismo de regulación en los precios del arroz, frijoles, aceite para cocinar, azúcar, leche, queso, huevos y pollo.
La iniciativa de ley fue rechazada por el presidente de la comisión económica de la Asamblea Nacional, diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez, quien la calificó como una “medida de desesperación política” de la oposición, que según él pretende provocar desabastecimiento, hacer que crezca el mercado negro y desincentivar a los productores. En la misma bancada opositora algunos diputados no están de acuerdo con la iniciativa, por considerar que el control de precios es negativo en cualquier forma que se presente y aplique. Y también el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, rechazó la propuesta diciendo que “en una economía como la nuestra, que es tomadora de precios, no hacedora de precios, ese es simplemente un esfuerzo populista que no tiene ningún tipo de respaldo de la empresa privada y no tiene ninguna posibilidad en el mercado de que pueda ser efectivo”.
En realidad, aunque los promotores de la iniciativa aseguran que han sido mal interpretados porque no es control de precios lo que proponen, sino incidir en la cadena de distribución y comercialización de los ocho productos básicos, la verdad es que de cualquier manera que se le llame el control de precios resulta nefasto para la economía, no solo para los productores y comerciantes sino principalmente para los mismos consumidores que supuestamente pretende proteger. Basta recordar la experiencia de la revolución sandinista de los años ochenta en Nicaragua y ver lo que ocurre en Cuba y en Venezuela, donde el control de precios ha provocado una escasez absoluta de comida y todo lo demás.
Sin duda que tras la iniciativa de ley para regular los precios de los ocho principales productos de la canasta básica está el interés político de sus promotores de conseguir popularidad. Pero creemos que también tienen la buena intención de favorecer a la gente más pobre del país, que en los siete años del nuevo gobierno de Daniel Ortega ha sufrido el encarecimiento de la comida y demás productos de consumo básico hasta en un setenta por ciento, más o menos, mientras que los salarios y sueldos se han reajustado en una proporción muy inferior.
Sin embargo, en la economía los remedios de los políticos por lo general resultan peor que la enfermedad. Y en todo caso, la bancada opositora al menos debió consultar previamente su iniciativa no solo con las organizaciones de consumidores sino también con las empresariales. Si al régimen orteguista se le critica precisamente porque es autoritario y no consulta a los diversos sectores sociales y a la población en general las medidas que los afectan, la oposición, por ser democrática tiene que consultar con los interesados cualquier acción o propuesta que los involucre de manera directa o indirecta. Y consultarlos a todos, no solo a una parte de ellos.
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