A casi dos años de haber entrado en vigencia la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria (LCT) sigue demostrando problemas. Cooperativas del sector lácteo aseguran que la carga fiscal que les impuso las tiene al borde de la quiebra y les ha dejado como única opción trasladarse a la informalidad.
140.85 millones de galones de leche acopió la industria láctea durante el 2013, según reporte del Banco Central de Nicaragua.
43.93 galones de leche acopiaron las plantas durante los primeros cuatro meses del 2014.
2.1 millones de litros de leche es el estimado de producción diaria del país.
[/doap_box][doap_box title=”Serio retroceso” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]El presidente de Nicacentro, Marcos Rodríguez, afirma que este pago impuesto por la Ley Tributaria los deja “en total desventaja y sin capacidad de subsistir frente al sector informal, que se estima acopia el setenta por ciento de la producción láctea nacional y que compra leche de mala calidad para elaborar queso artesanal”. Esto, según los cooperativistas, además de marcar un retroceso para el sector al llevarlos de vuelta a la informalidad, provocaría un gran daño a la industria, al dejarla desabastecida ya que el sector informal no garantiza la calidad que exigen las plantas industriales.[/doap_box]
A quienes formularon esta ley se les olvidó que las cooperativas están constituidas por pequeños productores. En el caso específico de Nicacentro el promedio de producción de nuestros 860 afiliados anda por el orden de los setenta litros diarios, expresó Marcos Rodríguez, presidente de la cooperativa Multisectorial Lácteos (Nicacentro de RL), que tiene presencia en Matiguás, Muy Muy, Río Blanco, Paiwas y Mulukukú.
Según Rodríguez, tener 860 socios implica que el volumen de leche que comercializan ronde los 60,200 litros diarios, que a un precio promedio de diez córdobas por litro les registra ingresos superiores a los 600,000 córdobas diarios.
Eso implica que superen los 40 millones de córdobas anuales en ventas, establecidos como monto máximo para que las cooperativas queden exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta (IR) y los obliga a pagar este tributo bajo las condiciones que se imponen a las sociedades anónimas.
Esto, porque el numeral cinco del artículo 32 de la LCT establece que se encuentran exentos del pago del IR de actividades económicas, sin perjuicio de las condiciones para sujetos exentos reguladas en el artículo 33 de la presente Ley, los sujetos siguientes: …Las sociedades cooperativas legalmente constituidas que obtengan rentas brutas anuales menores o iguales a cuarenta millones de córdobas (C$$40,000,000.00).
La misma crisis atraviesa la Cooperativa San José, de Matiguás, que entre sus 113 socios comercializa un promedio de 20,000 litros de leche diariamente. Su presidente, Mario Rodríguez, considera que la distorsión se presenta porque la ley toma los ingresos de todos los socios y se los asigna como propios a la cooperativa. Cuando en realidad la venta de la leche la hacen directamente los productores a las plantas a las que suplen el producto.
Con esto coinciden más de treinta representantes de cooperativas del sector lácteo que se reunieron esta semana en Managua en busca de una solución a esta crisis.
Todos insisten en que las cooperativas lo que hacen es prestar un servicio de acopio, enfriamiento y comercialización al productor, por el que obtienen un margen que promedia los 75 centavos de córdobas por litro. Este ingreso es utilizado para sufragar los costos operativos. Y en todo caso, alegan los representantes de las cooperativas, debería ser el monto sobre el que se pague el impuesto, porque es el ingreso real de la organización.
MÁS IMPUESTOS
Los representantes de las cooperativas también se quejan de que algunas alcaldías se han montado en la LCT y les han comenzado a cobrar impuestos como si fueran sociedades mercantiles.
La imposibilidad de pagar estos tributos los ha expuesto a multas millonarias. En el caso de Nicacentro enfrenta un reparo de 2.5 millones de córdobas que le impuso la Dirección General de Ingresos. Mientras que la Alcaldía de Paiwas les impuso una multa de casi tres millones de córdobas. Pero nosotros no tenemos con qué pagar, lo único que pueden hacer es llevarse los tanques de acopio porque es lo único que tenemos, asegura el dirigente de Nicacentro, Marcos Rodríguez.
Mientras que la cooperativa San José ha logrado hacer algunos pagos y llegar a acuerdos con la Alcaldía de Matiguás. Pero es una carga muy grande que no podemos enfrentar y nos están obligando a cerrar, asegura Rodríguez.
Para el gerente general de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (Conagan), Ronald Blandón, esta situación representa una debilidad más de la LCT, que a su criterio demuestra que los logros de la comisión de seguimiento entre el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Gobierno, son importantes pero su falta de consenso con los afectados termina dejando al descubierto estas debilidades.
Blandón llamó a los dirigentes de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) a ser más beligerantes ya que como miembros del Cosep permitieron la aprobación de esta ley que está poniendo en peligro a todo el movimiento cooperativo nacional, que juega un rol fundamental en la parte económica y social del país.
Y los instó a reflexionar para encontrar la forma en que este mecanismo obtenga más retroalimentación de las bases para garantizar la efectividad de las medidas que se establezcan y evitar estas consecuencias.
¿QUÉ HACER?
Blandón y los representantes de las cooperativas del sector lácteo coinciden en que la situación que ha generado esta ley mantiene en igual crisis a todas las cooperativas del sector productivo, que ahora que ya se puso el problema en la agenda, seguramente se les unirán para buscar una solución que les permita continuar funcionando.
La propuesta del sector lácteo es que el Gobierno reconozca los derechos que otorga la Ley 499, Ley General de Cooperativas, a estas organizaciones del sector productivo. Han solicitado a Upanic llevar el caso a través del Cosep, a la comisión de seguimiento que mantiene con el Gobierno.
El presidente de Upanic, Michael Healy, reconoce que fue un error introducir ese artículo en la LCT porque efectivamente el ingreso de las cooperativas es el margen que les queda por el servicio que ofrecen al productor.
Además se comprometió a presentar el tema en la reunión semanal del Cosep, para que sea llevado a la próxima reunión de seguimiento.
ES GENERAL
Willmer Fernández, directivo de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac), concuerda en que la afectación no es únicamente para las cooperativas lácteas, sino para todas las que funcionan en el sector agropecuario, ya que su razón de ser es contribuir al manejo y comercialización del producto.
Canislac apoya la propuesta de que si se va a grabar con el pago del IR a estas organizaciones, sea en base a los márgenes que reciben por el servicio que ofrecen.
Además, lamenta que en lugar de “ir detrás de los informales”, para acabar con la competencia desleal que significan para la industria formal, se haya afectado a los que ya han hecho sacrificios para formalizar sus negocios.
Canislac no tiene un dato exacto sobre el número de cooperativas que están siendo afectadas por esta disposición que se tomó sin el consenso del sector. Para fortalecer el proceso de reforma que implicará suspender este cobro, harán un diagnóstico para determinar el número de organizaciones y productores que están en problema por causa de la imposición del pago del IR.
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