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Colombia considera “inaplicable” el fallo de la CIJ argumentando que sus límites solo pueden ser modificados por tratados internacionales aprobados por su Congreso. En la imagen, el abogado de Nicaragua, Carlos Argüello, explica los alcances de la

“Colombia está desesperada”

Los especialistas en derecho internacional Julio Icaza Gallard y Mauricio Herdocia opinan que las declaraciones de la canciller colombiana María Ángela Holguín, filtradas en un medio colombiano y en las que afirma que existe un respaldo de Estados Unidos a Nicaragua en el conflicto limítrofe con Colombia, por supuestos intereses económicos, es un argumento sin base.

Los especialistas en derecho internacional Julio Icaza Gallard y Mauricio Herdocia opinan que las declaraciones de la canciller colombiana María Ángela Holguín, filtradas en un medio colombiano y en las que afirma que existe un respaldo de Estados Unidos a Nicaragua en el conflicto limítrofe con Colombia, por supuestos intereses económicos, es un argumento sin base.

Para Icaza, las declaraciones de Holguín no son más que pretextos que “reflejan la desesperación del Gobierno colombiano”. “Es un ‘cuento’”, dice el especialista, y argumenta que históricamente es Colombia el que ha sido un fuerte aliado militar del país norteamericano.

Herdocia piensa que acatar un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “no es un asunto político ni económico” entre las naciones. Según explica, “no se trata de que Estados Unidos u otro país respalde intereses, sino que todos los Estados del mundo deben respetar el orden jurídico internacional”.

“Aquí lo que prevalece no es la voluntad de terceros Estados, sino el principio fundamental de que los tratados internacionales deben ser cumplidos de buena fe“. Mauricio Herdocia, especialista en Derecho Internacional.

“EL COSTO MÁS BAJO ESACATAR LA SENTENCIA”

En referencia a los gastos en que ha incurrido Colombia en su defensa ante La Haya (5.6 millones de dólares), Herdocia detalla que se pudo evitar con un acuerdo entre los dos países. Recuerda que Nicaragua desde 1996 intentó negociar con Colombia y que posteriormente el país centroamericano “se vio obligado” a llevarlo hasta la CIJ cuando su contraparte advirtió que denunciaría al Pacto de Bogotá para desacatar cualquier sentencia internacional.

Según Icaza, Colombia “va a seguir gastando más millones mientras no se decida a acatar el ordenamiento jurídico internacional”. El especialista detalla que toda violación al ordenamiento jurídico internacional lleva un alto costo a los Estados que deseen caer en el desacato.

“La salida diplomática negociada siempre es la mejor, evita costos, pero sobre todo evita enturbiar la agenda y la relación entre dos países hermanos latinoamericanos”, concluyó Herdocia.

 

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