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Mauricio Peralta Mayorga

“Embarcados” en la ruta equivocada

Economía es la ciencia que estudia la asignación eficiente de recursos escasos para satisfacer necesidades no escasas. Cuando no se da la asignación eficiente antes mencionada es por la presencia de fallas del mercado, siendo las principales: El poder monopólico, las externalidades, asimetría en la información y bienes públicos. La asignación y probable construcción del llamado Gran Canal Interoceánico de Nicaragua posee todas y cada una de estos “pecados económicos”, lo que crea desconfianza técnica (muchas veces exenta de matices políticos), entre la población nicaragüense y la comunidad internacional.

Al no haberse sometido a un riguroso filtro de licitación la asignación del proyecto, se generan suspicacias desde antes de “nacer”, convirtiéndose en un proyecto nonato (es decir que no nace naturalmente). Dicha asignación sin competencia lo convierte en un monopolio exento de la meritocracia requerida en su asignación, creando fundamentadas dudas acerca de la eficiencia en su construcción.

Las externalidades (otra falla de mercado), se da cuando un “trato” entre pocos repercute entre muchos, pudiendo ser estas positivas o negativas. Los efectos positivos del proyecto, hasta la fecha, han sido la esperanza de que Nicaragua salga de la pobreza y haber atraído la atención mundial (para bien o para mal). Los efectos negativos ya surgieron también, expresándose en marchas en contra de probables expropiaciones del medio de vida y de los hogares de miles de familias nicaragüenses. Maquiavelo recomendaba a su Príncipe “matar” antes de “arrebatar” ya que es una “solución” más expedita a la larga agonía del que ya no tiene nada que perder, excepto, recuperar lo usurpado a toda costa.

La otra falla de mercado es la llamada asimetría en la información y se da cuando no todas las partes involucradas manejan el mismo nivel de información. En el caso del Gran Canal no solo los nicaragüenses carecemos de la información necesaria, sino el mundo entero. Hasta la fecha todo ha sido especulación y actos de fe, que no caben en un proyecto marítimo- terrenal de tal magnitud en donde lo único aceptable son estudios de factibilidad creíbles, que disminuyan o eliminen en lo posible, la incertidumbre creada a la fecha.

Bienes públicos (que no es lo mismo que servicios públicos), es todo aquello a lo cual tenemos acceso sin ser excluyente en su disfrute, como por ejemplo el aire que respiramos y la seguridad jurídica a la que aspiramos. El medioambiente y la biodiversidad son otros dos buenos ejemplos de bienes públicos que se verían afectados de manera irreversible por el proyectado Gran Canal de acuerdo con la ruta escogida a la fecha.

Las expropiaciones latentes atentan contra otro bien público; el respeto a la propiedad privada, derecho restituido con el triunfo de la revolución de la paz, encabezada por la presidenta doña Violeta Barrios de Chamorro.

En resumen, la no existencia de licitación previa (falta de meritocracia), con que fue concedida la licencia para construir el Gran Canal, las externalidades negativas más numerosas y de mayor peso que las positivas, la asimetría en la información existente y el daño a bienes públicos de vital importancia en la vida de la familia nicaragüense, convierten al proyecto del Gran Canal, en una esperanza de desarrollo futuro que palidece ante las amenazas presentes de involución que trae consigo a la paz social, estabilidad económica y protección al medioambiente de Nicaragua.

Este proyecto podría convertirse en el mayor error político-económico y social del actual Gobierno, ya que con él resucitarían algunos de los más graves traumas sociales y económicos de los nicaragüenses en los años ochenta, hasta ahora relativamente superados como son: las expropiaciones, la violencia territorial por el derecho a la propiedad privada y la probable hiperinflación, ante la posible pérdida de nuestras reservas internacionales, todo ello por habernos “embarcado” en la ruta equivocada.

El autor es catedrático de la Universidad Thomas More

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