El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación, es el principio establecido en el artículo dos de la Constitución Política de Nicaragua, en el cual se afirma la soberanía del pueblo de elegir a sus gobernantes.
Se robaron las elecciones, esa es la verdad. El voto de nosotros los nicaragüenses no se contó. No se contó para elegir a los diputados orteguistas, ni tampoco se contó para elegir a los alcaldes y los concejales y como ellos se prestaron al dedazo, Ortega siente que tiene el poder para poder quitarlos al dedazo, dijo Vijil.
[/doap_box][doap_box title=”No hay autonomía” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]El exalcalde de Boaco, Vivian Orozco, confirma que los alcaldes actualmente han perdido su autonomía hasta para decidir la planificación de proyectos. Actualmente, según explica, se encargan de la parte protocolaria de atender a organismos internacionales y cooperantes; asistir a reuniones partidarias y encuentros con Guiomar Irías, presidenta del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom).
“(En las reuniones) se ve todo lo que ve la parte política, la parte social y la parte económica. Cómo marchan las alcaldías. Las alcaldías prácticamente están siendo manejadas por Inifom. Todo lo que es la transferencia de capital y el gasto corriente, todo lo que es inversión. El PIA (Proyectos de Inversión Anual) ya vino este año de Inifom con nombre y apellido qué era lo que íbamos a hacer”, argumenta Orozco, asegurando que antes era atribución del Concejo y el alcalde decidir en qué proyectos se iba a trabajar.
Según Orozco, los alcaldes también recibían asesoramiento de la Contraloría. “Llegaban a explicar la ley y los procedimientos: La Ley de Contrataciones, Ley 40 (Ley de Municipios), qué podíamos o no hacer y a quién hacer consulta de los quehaceres municipales para no caer en delitos”.[/doap_box]
El exdiputado Agustín Jarquín Anaya asegura que este precepto constitucional ha sido reiteradamente violado cada vez que el presidente inconstitucional Daniel Ortega destituye a un alcalde libremente electo por los ciudadanos.
Solo en este período (2013-2017), ese ha sido el destino final de al menos cinco alcaldes sandinistas de los municipios La Libertad (Chontales), La Conquista (Carazo), Boaco (Boaco), Nagarote (León), Kukra Hill (Caribe Sur), sin contar con alcaldes destituidos desde que comenzó el segundo período del gobierno de Ortega en 2007. En el período 2008-2012 hubo nueve alcaldes destituidos.
Aunque cada caso es diferente, en ninguno se ha ofrecido información oficial aclarando qué ocurrió para defenestrarlos o informando el proceso que se siguió para destituirlos o las investigaciones que se hicieron para encontrarlos culpables de algún delito que les merezca esa destitución.
A partir del 2011, el Frente Sandinista (FSLN) cambió su estrategia para remover alcaldes. Si antes de ese año eran destituidos, luego, los alcaldes comenzaron a ser presionados para que renunciaran a sus cargos, como le ocurrió recientemente a los alcaldes de Boaco, Vivian Orozco, y de La Conquista, Ramón Enrique López Gómez.
En otros casos, a los alcaldes se les han atribuido supuestos casos de corrupción, como al de Nagarote, Juan Gabriel Hernández, pero de otros no se rumora nada, como cuando se destituyó al alcalde de Kukra Hill, Agustín Miranda Larios. También pasan por enfermos como la alcaldesa de La Libertad, Damaris López.
En ninguna de las destituciones se siguió el proceso estipulado en la Ley de Municipios (Ley 40) para destituirlos o al menos no se dio a conocer esa información.
Cuando uno da un voto por una persona, uno confía en esa persona y no cree que más adelante van a suceder esos casos bochornosos como lo que me ocurrió a mí. El pueblo se pone inconforme, es el testimonio del alcalde destituido de Boaco. Orozco fue electo en su cargo por más de cinco mil votos, lo que representaba el 65 por ciento de la población votante.
Agustín Jarquín explica que el artículo dos vigente de la Constitución se refiere a que el sufragio universal no puede ser suplantado por ninguna persona o grupo de personas, en clara referencia a un partido u organización, y en ese sentido manifiesta que el partido gobernante Frente Sandinista (FSLN) se ha impuesto sobre las leyes y las instituciones cuando destituye a los alcaldes.
NINGÚN PARTIDO ESTÁ SOBRELA SOBERANÍA POPULAR
El artículo dos de la Constitución Política de Nicaragua es categórico: ningún partido puede estar por encima de la soberanía popular, que se expresa por medio de sus representantes, reitera Jarquín.
Jarquín conoce en carne propia la experiencia de ser despojado de un cargo de elección popular, porque fue destituido del cargo de diputado. Sin embargo, antes que lo destituyeran, alcanzó a investigar las defenestraciones de alcaldes electos en los comicios municipales de 2008, porque era el presidente de la Comisión de Población y Municipio de la Asamblea Nacional.
En ese entonces se analizaron los casos de los municipios de Wiwilí (Jinotega), de Dolores (Carazo), de Jinotepe (Carazo) y de Ciudad Sandino (Managua), y se concluyó que habían sido destituidos de sus cargos sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley 40.
El exdiputado opina que Ortega practica un estilo de gobierno con un concepto leninista, donde el partido se pone por encima de las instituciones, como que si fuera parte del Estado, entonces los alcaldes pierden su posición cuando no se someten al partido.
MIEDO A LA SOBERANÍA
Sin embargo, más allá de su ideología y de su sistema de gobierno, a Jarquín le parece que Ortega le tiene temor a la soberanía popular, por eso no la respeta.
Diputados del partido gobernante, consultados sobre las destituciones, afirman que los ciudadanos votan por la bandera del Frente Sandinista y no por el candidato, justificando así que la dirección del partido los puede destituir.
Sin embargo, la vocera de la Coordinadora Civil, Luisa Molina, manifiesta que aunque los sandinistas digan eso, en la esfera local el ciudadano sí vota por el candidato por su proximidad.
Molina manifiesta que con Ortega en el poder las decisiones en los concejos municipales se dejaron de tomar con autonomía y ya no existe la descentralización.
Lo peor es que nos quedamos sin institucionalidad y quien está tomando las decisiones es el Gobierno central a través de sus secretarios políticos, afirma Molina.
LA PRENSA/ ARCHIVO
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