Los organismos de derechos humanos están preocupados por las denuncias cada vez más frecuentes de casos en los que se ven implicados oficiales de la Policía en contra de la población.
El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Carlos Guadamuz, consideró que la Policía debería de ofrecer una explicación de lo que sucede tras las últimas actuaciones de sus oficiales, como la que causó la muerte del motociclista Pablo Enríquez Hernández Galeano, quien recibió un balazo en la espalda por parte de dos agentes policiales, la madrugada del martes, en el barrio Monseñor Lezcano.
Harold Alemán denunció detención ilegal por varias horas en la Policía de la Cruz de Río Grande. Aseguró que policías y el fiscal de la localidad lo golpearon para que aceptara el robo de seis marquetas de queso.[/doap_box]
Guadamuz afirmó que recibió la denuncia de los familiares de Hernández, a quienes ese organismo les brindará acompañamiento.
Rosario Galeano Arias, madre de la víctima, manifestó que han tratado de comunicarse con dos comisionados que les dijeron que los apoyarían, pero argumenta que por haber hecho el caso público, ya no le contestan.
Yo quiero ver la cara de esos hombres, no sé cómo se llaman, no sé si están presos, si huyeron, expresó Galeano.
¿Qué estará pasando que están muy nerviosos o qué otros elementos hay o será que hay un entrenamiento que tal vez no están tolerando tanto (…). Hay un mar de especulaciones en esto, señaló Guadamuz.
El defensor de derechos humanos consideró que las autoridades policiales deben explicar sobre cuáles son las instrucciones que han recibido los policías sobre el uso del arma de fuego. Sobre todo, indicó Guadamuz, porque está reciente el caso en el que un escolta de la jefa de facto de la institución, primera comisionada Aminta Granera, disparó en ráfaga su arma de fuego y puso en peligro la vida de las personas que estaban en la parada de buses.
El caso al que hace mención Guadamuz ocurrió el 7 de noviembre, cuando la caravana de Granera pasaba por el kilómetro 8, Carretera Norte, en el sector de La Rocargo.
En esa ocasión la Policía emitió una nota a través de la cual alegó que el subcomisionado Ebert Paniagua disparó de forma accidental, aunque los testigos señalaron que el oficial disparó en ráfaga.
CPDH REPORTA DENUNCIAS
Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), refirió que el año pasado recibieron unas 120 denuncias en contra de actuaciones policiales en las que hubo algún tipo de abuso.
Durante el primer semestre de este año contabilizaron unas 35 denuncias, dijo Cuevas, quien destacó el reciente caso de Mariel Silva, quien denunció ante ese organismo, los minutos de terror que vivió el pasado 4 de noviembre, a dos cuadras de la casa de sus padres en el barrio Campo Bruce, de Managua, cuando su vehículo en marcha fue impactado en tres ocasiones por balas disparadas por un agente identificado como Fernando Valdez Chavarría.
El abogado de la CPDH recordó que en este caso hubo daños a la propiedad, exposición de personas al peligro y homicidio frustrado. Agregó que hay un dictamen indicando que Silva sufre lesiones psicológicas leves. En esto, dijo Cuevas, hay una responsabilidad institucional también y la Policía debe asumir por lo menos el costo de los daños materiales, que según la afectada, son de 52,000 córdobas.
Al menos en este caso la Policía ya emitió una resolución y ordenó baja deshonrosa para el policía y recomienda que el expediente sea remitido a la Fiscalía para que sea procesado.
En la muerte de Kevin Alberto Bautista (16), tras los incidentes entre taxistas y policías en Totogalpa, aunque la Policía nunca aceptó su responsabilidad, un informe del Cenidh indica que en ningún momento identificaron a un solo civil que portara arma de fuego.
(Colaboración Wilih Narváez).
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