Una vez más se discute en la Asamblea Nacional reformar la Ley de Identificación Ciudadana para prorrogar la vigencia de las cédulas que el Consejo Supremo Electoral (CSE) comenzó a entregar a mediados de la década de los noventa.
Las cédulas tienen una vigencia de diez años, por lo tanto, un Consejo Supremo Electoral responsable debió empezar a renovar las cédulas alrededor del año 2005; sin embargo, estamos en el año 2014 y se está pidiendo una nueva prórroga para que las cédulas “viejas” sigan vigentes. Las prórrogas las ha venido otorgando la Asamblea Nacional por períodos de dos años; ahora, la iniciativa propuesta por la Bancada de la Alianza PLI establece que se apruebe hasta el 2018, o sea, cuatro años.
La cédula de identidad es un documento de suma importancia, no solo sirve para votar en las elecciones, sino para celebrar contratos, realizar cualquier gestión legal, sacar pasaporte y hasta para hacer una simple transacción bancaria.
Es cierto que no se puede dejar a la población desamparada, que ante un inminente vencimiento de la última prórroga este 31 de diciembre es necesario otorgar otra, pero no se puede ir de prórroga en prórroga indefinidamente. La posición responsable de la clase política, la posición seria, tanto del partido de oposición, como del partido que está en el Gobierno debería ser la de cuestionar al Consejo Supremo Electoral, que veinte años después de que emitió las primeras cédulas, y diez años después de que esas primeras cédulas se vencieron, aún no ha renovado el documento a todos los nicaragüenses.
El colmo es que sí existe un nuevo documento, pero el mismo tiene un costo de trescientos córdobas, que se pagan directamente al CSE, escapando esos fondos del control que existiría —al menos en la formalidad— si los pagos se realizaran a las cuentas del Ministerio de Hacienda, como sucede con cualquier otro trámite.
Además, ese costo es demasiado alto. La licencia de conducir, por ejemplo, que es de un material de superior calidad y es un privilegio —no un derecho como la cédula— tiene un costo de renovación de doscientos córdobas.
El Estado de Nicaragua debería hacer un verdadero esfuerzo por renovar las cédulas de sus ciudadanos; no obstante, todo está diseñado para producir el resultado contrario.
Para este año, por ejemplo, la Asamblea Nacional aprobó al poder electoral un presupuesto de 572 millones de córdobas, de los cuales 286 millones fueron asignados para las elecciones del Caribe, que se realizaron en marzo, pero para cedulación solo fueron asignados 88 millones de córdobas, mientras que para Actividades Centrales fueron asignados 171 millones de córdobas.
O sea, a las actividades administrativas de ese poder del Estado se le asignó prácticamente el doble de lo concedido a la cedulación.
Así que la manera en que el CSE arrastra los pies en este proceso de renovación de cédulas no es una situación aislada, ni es solo ineficiencia de ese poder del Estado; sino que engarza con el plan perverso de fraudes electorales y desprestigio de todo el sistema democrático que ha impulsado el orteguismo para que cada vez más nicaragüenses pierdan la confianza en el voto.
Por lo tanto, en lugar de estar pidiendo una prórroga de cuatro años, que condenaría el problema de la cedulación al olvido, la Alianza PLI debe denunciar clara y constantemente que existe una política de obstaculización para una cedulación plena, con el propósito de eliminar el derecho al voto de los nicaragüenses.
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