Para Gonzalo Carrión y Azahálea Solís, defensores de derechos humanos, la aplicación de la ley que hace la Policía Nacional para castigar a sus miembros que cometen delitos en el ejercicio de sus funciones es selectiva, porque solo cuando hay muertes y el agente es de bajo rango lo mandan a procesar.
“La Policía se ha ido desprestigiando porque en lugar de proteger a la víctima protege a los causantes. No hay límites y hay permisibilidad al abuso contra la ciudadanía”, expresó Solís, respecto a la última muerte del motorizado Paulo Enrique Hernández Galeano a manos del patrullero Cristian Enrique Pérez Aguilar.
Para Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el castigo hacia un oficial que comete delito en sus funciones opera cuando “ya no pueden justificar la acción y hay resultado de muerte, de lo contrario queda en la impunidad, que son la mayoría de denuncias”.
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L as denuncias contra oficiales de Policía por tortura en las prisiones en procesos de investigación son las más frecuentes ante los organismos de derechos humanos, pero también son las más negadas por las autoridades de la institución. “Procesan a los de bajo rango para después decir que la impunidad no es la tónica y sacar la banderita que se acusa por abuso de autoridad, pero los casos ahí están esperando ser resueltos, como el caso de El Carrizo y muchos otros”, dijo Azahálea Solís.
“Los abusos graves, como la tortura que es delito de orden internacional, son negados, dicen que los reos se golpean solos en las celdas”, afirmó Gonzalo Carrión, del Cenidh.
Carrión también agregó que hay una constante en el uso inadecuado de las armas. “Andan con el fusil bala en boca y el dedo en el disparador, no hay razón en el país más seguro del mundo para que anden así”, reiteró.
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Según Carrión, van más de seis muertes de motorizados que por no obedecer de inmediato una orden de alto les disparan y los matan.
“Eso de tirar a matar es grave. Desobedecer una orden de tránsito no es motivo justificable para matarte”, dijo Carrión.
Solís también criticó que los oficiales de Policía no están actuando de acuerdo con lo que dice la ley en cuanto al uso de armas. “Hay un protocolo en el uso del arma y es el último recurso a utilizar y en determinada circunstancia”, dijo la defensora de derechos humanos.
Los organismos de derechos humanos reciben más de cien denuncias al año por abuso policial y la mayoría quedan archivadas.
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