Después de 54 años, del martirio de las hermanas Mirabal, las mujeres nicaragüenses reviven a diario esa trágica fecha. Esto según la dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) Juanita Jiménez “porque el Estado de Nicaragua no es capaz de garantizar derechos para nadie”.
Esta situación que coloca a las organizaciones de mujeres en desventaja, tiene que ver con las políticas diseñadas alrededor de este tema por parte del Gobierno y el donante se pregunta “bueno si lo va a hacer el Estado qué sentido tiene que estemos financiando a las organizaciones”, expresó Munguía.
Munguía recordó que primero hubo una campaña de desprestigio en contra de ellas Y luego han continuado por la vía del financiamiento, pero serán las víctimas las que sufrirán las consecuencias, lo que Munguía califica de “un desquite absolutamente enfermizo”.[/doap_box]
Jiménez dice que en Nicaragua hay una política de misoginia por parte del Estado, lo que se ve reflejado con la política de lucha contra la violencia y el reglamento de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia las Mujeres, que emitió el presidente inconstitucional Daniel Ortega, publicado en el Diario La Gaceta, el 31 de julio del presente año.
Hoy es 25 de noviembre, día que fue declarado Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por una resolución de la Asamblea General de la Naciones Unidas, en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas en esa fecha en 1960 por el Gobierno del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Las organizaciones defensoras de mujeres ya lo hacían desde 1981.
Pero para Jiménez la conmemoración de esta fecha en Nicaragua “es una paradoja”, pues “el Gobierno es el principal perpetrador de violencia hacia las mujeres”.
63 femicidios registra en lo que va del año Católicas por el Derecho a Decidir y es una de las causas, según su coordinadora Magaly Quintana, por las que marcharán hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
CONMEMORAR Y DENUNCIAR
Es por ello que hoy las organizaciones defensoras de mujeres, más que celebrar o conmemorar, denunciarán la imposición del reglamento “ilegal” a la Ley 779, así como la incorporación de los llamados Gabinetes de la Familia a los que calificó de “estructuras parapartidarias” y las consejerías familiares en los casos de violencia.
La directora de los albergues Acción Ya, Martha Munguía, refiere que actualmente hay un entorno difícil; pues el reglamento de la Ley 779 elimina por completo la relación histórica que ha existido entren las instituciones del Estado y los centros de mujeres cuyos albergues quedan fuera de la ruta de la justicia. Las Comisarías ya no refieren a las víctimas a los centros y por tanto las afectadas están privadas de la protección y atención que les puedan proporcionar.
Munguía es del criterio de que el modelo de atención y de acceso a la justicia que el Gobierno pretende implementar, más bien reproducirá la violencia porque las mujeres no van a tener acceso a denunciar de manera oportuna e inmediata.
“Las hermanas Mirabal eran activistas de la democracia, eran activistas que estaban en contra del régimen dictatorial de la dictadura de Leónidas Trujillo (en República Dominicana), son un ejemplo de valentía, son un ejemplo de coherencia y compromiso”. Juanita Jiménez, dirigente del MAM
“Obviamente hay un disfraz de la situación de violencia, lo que se pretende con todas estas medidas evidencia que se va a ocultar la estadística de la violencia y luego se va a disminuir a la fuerza, aunque en la vida real las mujeres van a estar igualmente maltratadas porque no va haber registros”, estima Munguía.
Para Fátima Millón, del centro de mujeres Isnin, la intervención de los Consejos de la Familia en algunos territorios ha disminuido la asistencia a los centros, y muchas veces por miedo las víctimas ya no denuncian. También no lo hacen para evitar que su situación quede evidenciada en la comunidad dado que no cuentan con una garantía de respuesta. “Ya hay casos como en Ciudad Sandino, donde ha sido calificada la denuncia como falta y no reciben la atención necesaria”, manifestó Fátima Millón.
“En Nicaragua las mujeres hemos venido demandando la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres, incluida la implementación de políticas públicas que nos sumen cada vez más en el empobrecimiento, la exclusión, la ignorancia”. Reyna Rodríguez, Enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia
Magaly Quintana, de las Católicas por el Derecho a Decidir, señaló: “Consideramos que la violencia que estamos viviendo no tiene límites en este país” y destacó que hoy demandarán al Gobierno “que termine con la impunidad”.
“La lucha de las Mirabal ha estado presente en toda la historia de los movimientos de América Latina, vamos a dejar sentado a todas las mujeres del mundo a comprometernos a decir no a la violencia contra las mujeres”, sostuvo Quintana.
Reyna Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, apunta que el asesinato de las hermanas Mirabal en Dominicana, “lo que nos ha dejado es una lucha permanente”.
LA PRENSA/ARCHIVO
POLICÍA: “TIENEN PERMISO PARA MARCHAR PERO…”
En Nicaragua cada vez a las organizaciones de mujeres se les hace difícil la conmemoración de ese día.
Para las defensoras de las mujeres, Nicaragua permanece entre los países que más violenta los derechos a las mujeres con la agravante que hasta en fechas conmemorativas las autoridades han agredido a las activistas y defensoras de mujeres.
Reyna Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia aseguró que hasta el mediodía de ayer la Policía de Managua autorizó la marcha, 10 días después de haber solicitado el permiso.
Rodríguez criticó que la Policía les impuso una serie de prohibiciones para autorizar la marcha, entre las que destacan que no pueden hacer uso de morteros, quema de llantas, ni de sonido a altos decibeles que perturben la actividad propia de oficinas recintos universitarios. “Solo ellos pueden hacer actos grandes… nos condicionan”, criticó Rodríguez.
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