Ana Sánchez es una señora de la tercera edad. Como muchas mujeres de origen nicaragüense, ha venido a este país para laborar como servidora doméstica. Lo hace en la casa de un matrimonio costarricense integrado por maestros, donde trabaja por horas tres o cuatro días a la semana en el cuido de una niña y planchando ropa.
Al mes redondea cerca de 80 mil colones (cerca de 150 dólares), la mitad del salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo para el II semestre del 2014. Sus patronos no la tiene asegurada y tampoco le pagan doble los días feriados como la ley ordena.
Francisco Jiménez, aún joven, labora todos los días vendiendo verduras entre el bullicio de San José y la persecución policial a este tipo de actividad irregular. Como trabajador independiente no goza de estabilidad laboral ni protección a sus derechos. Justifica su actividad diciendo que “tengo dinero diario y no hay patrón, aunque la policía joda mucho”.
No es familiar de Sánchez, pero con ella tiene algo en común además de su origen: son parte del grupo de trabajadores que sufren mayor incumplimiento de garantías laborales; de acuerdo con el Vigésimo Informe Estado de La Nación.
Este análisis sobre indicadores de desarrollo humano en Costa Rica, publicado hace un par de semanas indica que los pobres, quienes tienen menos de 25 años y los inmigrantes en especial si laboran en agricultura, construcción o servicio doméstico; son quienes más sufren estos incumplimientos.
“Pobres extremos, jóvenes e inmigrantes sufren mayor incumplimiento de garantías. El desempeño del mercado laboral se analiza desde la óptica de las brechas, tanto en el acceso (desempleo) como en la calidad del empleo (cumplimiento de garantías)”, reza parte del texto que usa datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), los cuales ubicaron en 2013 la tasa de desempleo en Costa Rica en 8.5%, con un incremento de 0.7% con respecto al 2012.
Los nicaragüenses son el grueso de la población migrante del país. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec) dice que son 287,766 los que aquí viven y representan el 74.6 por ciento del total de inmigrantes residentes, calculado en 385,899 extranjeros.
Se sitúan entre la población vulnerable al irrespeto de sus derechos laborales, aunque el Estado de La Nación no hace menciones de nacionalidad y quienes tampoco son todos lo que están en estas condiciones.
La mayoría son pobres, muchos originarios de zonas rurales de Nicaragua. Sus fuentes de empleos siguen siendo las mismas: agricultura, servicio doméstico, construcción, seguridad y hasta comercio.
Entre el incumplimiento a los derechos laborales el estudio menciona el incumplimiento en el pago de seguridad social; del salario mínimo de los patronos, lo cual sufre unos de cada tres ocupados; trabajo en jornadas no apropiadas (sobrecarga y subempleo); inestabilidad laboral y trabajo por cuenta propia. Estas dos últimas desventajas la sufren a modo general las personas con discapacidad en el país.
“La posibilidad de pertenecer a alguno de estos grupos se eleva si la persona está en condición de pobreza, sobre todo extrema, tiene menos de 25 años, es migrante y labora en agricultura, construcción o servicio doméstico”, dice el texto.
El director a.i. del Estado de La Nación, Jorge Vargas, dijo que el irrespeto laboral no se resuelve solo con inspecciones de las autoridades a los sitios de trabajo, sino detectando a quienes las incumplen y aplicando políticas públicas específicas a cada caso.
La vulnerabilidad de los nicaragüenses en Costa Rica que también viven los ticos, es algo que han expuesto desde años lo entendidos del fenómeno y otros estudios como Migraciones y Desarrollo Humano en Costa Rica 2014.
Este estudio señala como causas de la falta de derechos laborales la irregularidad migratoria, baja escolaridad con respecto a la población nacional y la imposibilidad de acreditación de capacidades técnicas, desconocimiento de la legislación nacional y el temor por su condición de extranjero.
Karina Fonseca, directora del beligerante Servicio Jesuita para Migrantes (SJM), señala a la irregularidad migratoria como uno de los grandes problemas que aún padece la inmigración nicaragüense en Costa Rica.
“La persona que trabaje en condición irregular verá violentado sus derechos. Queda vulnerable, limita el respeto al salario mínimos y a sus jornadas laborales”, explica.
“Regularización migratoria marca antes y después. Cuando se regulariza tenés acceso a mejores trabajos, mejores salarios”, añade.
Fonseca critica la legislación migratoria actual que hace engorroso el trámite de obtener un permiso laboral o cédula de residencia, pero a la vez reconoce cierta apertura gubernamental hacia esta población.
Las complicaciones que padecen los inmigrantes no son exclusivas. Son parte de los problemas que arrastra en los últimos años Costa Rica, país que pasó de ser modelo de desarrollo en 1990 a un ejemplo más de desigualdad social en América Latina; según el Estado de La Nación.
“Al final mi trabajo es para la sobrevivencia, como dice un amigo. Uno viene aquí a trabajar porque en allá no hay oportunidades”, señala Ana Sánchez, la señora de Managua que vino a trabajar como doméstica, pero que probablemente a su edad estuviera disfrutando del retiro. Claro está, si no hubiese nacido en Nicaragua.
