Doble golpe recibiría el sector de la pequeña y mediana empresa (pyme) si se aprueba la iniciativa oficial de reforma a la Ley de Concertación Tributaria (LCT), ya que esta contempla hacerles pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y además mandaría a retener el Impuesto sobre la Renta (IR), mediante un mecanismo no muy claro dentro del sistema de la cuota fija.
Para el diputado Eduardo Montealegre la medida expresa una preocupación del Gobierno “porque posiblemente se están disminuyendo los recursos que llegan al país a través de la cooperación venezolana” y refleja “el deseo del Gobierno de tener control absoluto en una actitud dictatorial”.
Montealegre también calificó la propuesta como una medida de control para que “nadie que tenga ideología diferente al Gobierno tendrá acceso a ayuda por financiamiento internacional”.[/doap_box]
La preocupación en los talleres de cuero y calzado y de ropa nacional es ver disminuida su competitividad o reducir empleos al tener que pagar impuestos, como lo establece la propuesta del Gobierno introducida en la Asamblea Nacional.
Alejandro Delgado, presidente de la Cámara Nacional de Cuero, Calzado y Afines de Nicaragua (Cancunic), dijo que al pagar IVA se encarecerá el valor de los zapatos, mochilas y todo aquello que fabrican los talleres nacionales.
Y esto, afirma, lo asumirá el consumidor final que pagará mayor precio por ese producto nacional, como los zapatos escolares.
“Estamos disgustados como empresarios porque esto no fue lo que acordamos con el comandante (Bayardo) Arce, él nos aseguró que se nos mantendría la exoneración”, reaccionó Delgado.
A través de la reforma a la LCT se deroga el numeral 13 del artículo 127, que otorga la exención del IVA a “la producción nacional de: pantalones, faldas, camisas, calzoncillos, calcetines, zapatos, chinelas, botas de hule y botas de tipo militar con aparado de cuero y suela de hule para el campo, blusas, vestidos, calzones, sostenes, camisolas, corpiños, pañales de tela y ropa de niños y niñas”.
Al quitar la exoneraciones a todos esos productos fabricados nacionalmente se incrementan los costos. “Es un impacto muy drástrico para las pequeñas empresas, incrementa un 15 por ciento nuestros gastos de fabricación, sería traumático para el sector si esa medida pasa”, afirmó Delgado, nuevo presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme).
Delgado reclamó que durante las negociaciones de la actual reforma tributaria en la Comisión de Seguimiento creada por Conimipyme y el Gobierno, el asesor presidencial Bayardo Arce “acogió nuestra petición de mantener las exoneraciones a las pymes porque eso nos protege”.
“Ese compromiso se nos tiene que respetar”, insistió Delgado. Esta semana pedirán en la Comisión Económica de la Asamblea que se rechace quitar la exoneración a las pymes de ropa, cuero y calzado nacional.
Se reclama que la competitividad de la pyme nacional y su crecimiento se afectará como al hacerles el Gobierno pagar IVA.
Cancunic registra 1,200 talleres de cuero y calzado locales que emplean a más de 5,000 personas. Solo este año entre 80 y 100 talleres nuevos abrieron en el país.
La Cámara estima una producción de zapato nacional de siete millones de pares de zapatos en 2014.
Delgado aseguró que al encarecerles la fabricación local a quien se favorece es a la importación de productos como zapatos escolares y de mujeres, y eso atenta la subsistencia de los talleres locales y sus metas de exportar.
RETENDRÁN IR EN CUOTA FIJA
Un segundo golpe a las pymes es por medio del cambio en el artículo 259 de la LCT de la “No obligatoriedad”, que es de la regulación del Régimen Simplificado de Cuota Fija.
Se mantiene no pagar el IR de actividades económicas a los negocios en cuota fija, pero al artículo se agrega : “excepto las retenciones en la fuente que le sean afectuadas por contribuyentes del IR del régimen general”.
El economista Adolfo Acevedo explicó que con esta medida el Gobierno “de hecho los obliga a pagar por aparte el IR de actividades económicas, mediante estas retenciones en la fuente, además de la tarifa de cuota fija” a los negocios en este régimen.
Sostuvo Acevedo que como los contribuyentes de cuota fija no presentan declaración y tampoco se establece la obligación de la Dirección General de Ingresos (DGI) de acreditarles las retenciones que se les efectúen, “al retenérseles el dos por ciento del valor de sus ventas, este pago del IR se convierte en definitivo”.
“Esto representaría una carga aún más intolerable para estos contribuyentes, en particular aquellos pequeños contribuyentes de cuota fija que tengan como clientes a un importante porcentaje de contribuyentes del régimen general, terminarían pagando un porcentaje mucho mayor de sus ventas brutas que el determinado por la aplicación de la tarifa, agravando los efectos de la misma”, afirmó Acevedo.
Cuestionó que una vez más la Ley Tributaria castiga porque la carga de entre 3 y 5 por ciento sobre la renta bruta establecido para los pequeños contribuyentes del régimen de cuota fija, por efecto de la reforma “se haría mayor, con el pago mínimo definitivo, que equivale únicamente al uno por ciento de la renta bruta de las empresas de mayor tamaño”.
“Si el Gobierno no apoya nuestro trabajo que es apoyar a la población a través de la acción social, más bien no estimula al donante, quien al ver esto se iría (…) la Iglesia por tanto ya no contaría con el apoyo para ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad”. Monseñor Carlos Enrique Herrera, presidente de Cáritas.
IGLESIAS Y ONG PREOCUPADAS
Hay temor en la Iglesia católica y las organizaciones no gubernamentales (ONG) de que la cooperación externa que aún reciben termine “ahuyentándose” al pagar impuestos cuando no exista de por medio un acuerdo avalado por el Gobierno.
“Si llega a materializar esa propuesta del Gobierno será una especie de castigo, no tanto para el ONG, sino para el grupo de personas que se benefician de los programas que se desarrollan, la mayoría en zonas de pobreza, con esa cooperación”, afirma Elvira Cuadra, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).
Cuadra y Ana Quirós, directora de Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), advierten que el daño sería a las poblaciones de los municipios de altos índices de pobreza donde trabajan, porque los programas de asistencia social, en salud y a la producción se reducirán o cerrarían.
La iniciativa de reforma a la LCT modifica los numerales 3 y 9 de los artículos 77 y 111 que refieren la exención del IR e IVA. En ambos se mantiene el beneficio a las representaciones diplomáticas, consulares, las misiones y organismos internacionales, pero se condiciona a “los proyectos financiados con la cooperación internacional conforme convenios y acuerdos suscritos por el Gobierno de la República de Nicaragua”.
Se afecta a las iglesias porque su trabajo social lo mantienen las donaciones del extranjero.
“Es lamentable esto porque el trabajo social que realiza la Iglesia católica se fundamenta en la cooperación que nosotros recibimos del extranjero”, dijo el presidente de Cáritas de Nicaragua, monseñor Carlos Herrera, obispo de Jinotega.
El padre Uriel Vallejos, director de Cáritas, dijo que “la propuesta (de reforma) es lamentable, cierra las puertas a la cooperación internacional que viene para la Iglesia; se estaría bloqueando el trabajo social de la Iglesia que realizamos por los más pobres.
COSEP DEBE EXPLICAR
Ana Quirós y Elvira Cuadra, de Cisas e Ieepp, exigen que los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), expliquen por qué aceptaron el nuevo tratamiento fiscal con la ONG que significa mayor control sobre los fondos de cooperación.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo ayer que en la negociación con el Gobierno “no se ha discutido en lo absoluto el cobrar impuestos a la cooperación que reciben la Iglesia o las ONG”, pero que junto con el equipo técnico chequea si hubo cambios en el documento de la reforma acordado con el Gobierno.
(Colaboración de Leonor Álvarez e Ilich Buitrago)
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A ,1 A
