El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró hoy procedente el enjuiciamiento del diputado opositor Juan Carlos Caldera por la “presunta comisión de los delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales”, a lo que este respondió con su renuncia al Parlamento.
El Tribunal decidió “con lugar la solicitud de antejuicio de mérito (…) para su enjuiciamiento” por los delitos sancionados en la Ley contra la Corrupción y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en un fallo emitido este jueves.
Caldera, perteneciente al partido Primero Justicia (PJ), protagonizó un vídeo divulgado en plena campaña de las presidenciales de octubre de 2012, en el que aparece recibiendo un sobre con dinero, por lo que fue separado de la campaña del entonces candidato opositor Henrique Capriles.
Con este fallo, fue ordenada la notificación a la Asamblea Nacional de la decisión “a los fines de que ese órgano Legislativo Nacional delibere sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria” de Caldera.
Sin embargo, el propio parlamentario renunció a su cargo esta mañana luego de darse a conocer el fallo del tribunal, evitando así que su caso sea sometido al debate publico de la Cámara.
“Juan Carlos Caldera no nació diputado, Juan Carlos Caldera lo que nació fue luchador de calle y ahí vamos a seguir. Que nadie dude de que nos estamos retirando porque estamos renunciando, estamos asumiendo una responsabilidad con Venezuela”, dijo en una rueda de prensa, acompañado de otros dirigentes opositores.
La decisión del TSJ responde a la solicitud de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien el 20 de mayo de 2013 había solicitado al máximo tribunal que evaluara si había méritos para el enjuiciamiento del parlamentario.
Capriles, líder del partido de Caldera, ha dicho que la investigación emprendida por diputados chavistas a esa organización por supuestos casos de corrupción tenía como único objetivo ir tras él.
Caldera ha asegurado en varias oportunidades que el vídeo “fue grabado ilegalmente” por un militar del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y que “fue editado” con posterioridad para afectarlo “aún más”.
En noviembre de 2013, el TSJ dio inicio al antejuicio de mérito para determinar si se abre un proceso a la exdiputada María Aranguren, que fue acusada por la Fiscalía de supuesta apropiación de fondos públicos y legitimación de capitales y asociación para delinquir.
En junio de ese mismo año, se declaró “procedente” el procesamiento del exdiputado opositor Ríchard Mardo por supuesta “defraudación tributaria y legitimación de capitales”.