Representantes de veinte Organizaciones No Gubernamentales y del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) exigieron a los diputados de la Asamblea Nacional no aprobar la reforma a la Ley de Concertación Tributaria (LCT) propuesta por el Gobierno. Exponen que las medidas fiscales contempladas para ambos sectores amenazan el empleo de unos 13,000 empleados que laboran en los programas de las ONG a nivel nacional y de productores asociados en cooperativas.
Róger Juárez, directivo de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales (Fenacoop), indicó que agrupan a 130 cooperativas, donde se asocian entre 9,000 y 9,500 productores.
“Pensamos que entre 35 y 40 por ciento quedaría sin empleo (…). Hay cooperativas cafetaleras, ganaderas que solo trabajarían para el impuesto y eso las conduciría a cerrar”, estimó Juárez.
Los diputados sandinistas, personeros del Gobierno y del sector privado que negociaron la reforma a la LCT, aseguran que las cooperativas no son perjudicadas por cuanto se les exime de pagar el Impuesto sobre la Renta (IR) por rentas brutas anuales de hasta cuarenta millones de córdobas. Pero sí pagarán por el exceso de ese monto, aunque se les deducirán los costos de operación.
Sin embargo, la Fenacoop y el Conacoop exigieron derogar la medida recordando que la Ley 499, Ley General de Cooperativas, les exonera de todo impuesto. “No es posible que una lucha tan larga como cooperativa ahora nos lo vayan a cercenar”, reclamó Juárez.
Estimó que el número de trabajadores en riesgo se eleva al incluir a las cooperativas de transporte “quienes van a sentir más duro” el impacto de la LCT, porque “su movimiento de dinero es fuerte”.
2 y 50 son los artículos de la Constitución Política de Nicaragua en los que las ONG se amparan para demandar a la Asamblea Nacional un debate abierto con todos los sectores a ser afectados por la reforma a la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria.
DOS SENTENCIAS DE LA CSJ A FAVOR DE LAS ONG
Los representantes de las ONG no creen en las declaraciones de Bayardo Arce, asesor presidencial, y de los diputados sandinistas, en cuanto a que la reforma no introduce el pago de impuestos a la cooperación que reciban si no hay un convenio previo con el Gobierno.
Se calcula que entre promotores, educadores y demás personal en los programas de las ONG laboran entre 8,000 a 10,000 personas. Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), previó que habrá “un efecto dominó” porque se reduciría más la cooperación externa y con ello los programas locales y eso afecta al personal y a los beneficiarios.
En un pronunciamiento público las veinte organizaciones exigieron a la Comisión Económica de la Asamblea permitirles exponer sus preocupaciones sobre la propuesta oficial de reforma a la LCT. Y recordaron que en la Sentencia por Inconstitucionalidad 141 de 2013, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establece que las organizaciones sin fines de lucro estarán exentas del IR, la cual fue ratificada en la sentencia 418 de 2013.
Elvira Cuadra, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), acusó a la Comisión Económica de parcializarse porque solo ha consultado al ministro de Hacienda, Iván Acosta, y al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en torno a la reforma, dejando fuera al resto de sectores, pese a ser afectados.
Cuadra criticó que se “extienden las exoneraciones y exenciones a un sector de la empresa privada” (menos a las mipymes) porque “eso va a contribuir en el futuro a abrir la brecha de inequidad que existe en este país”.
Las ONG afirmaron que aun cuando el parlamento apruebe la reforma propuesta resistirán “a cualquier intento del Gobierno de Nicaragua de controlar mediante convenios, los desembolsos de cooperación o sus gravámenes, por considerar que transgrede los principios de la convivencia democrática plasmados en la Constitución Política” de Nicaragua.
IGLESIA NO MUY CLARA
Mientras el documento de la reforma no hable de gravar con impuestos las donaciones a la Iglesia católica, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, cree que no se les afectará.
“Yo pienso que no, porque el documento no menciona a la Iglesia (…). Mientras el documento no hable de la Iglesia, mientras no la menciona, quedamos totalmente libres (de que la cooperación que recibe la Iglesia vaya a ser gravada)”, afirmó Brenes.
Sin embargo, el nuncio Fortunatus Nwachukwu expresó que si bien es cierto que aún no conoce el contenido de la reforma en la LCT, gravar con impuestos la cooperación extranjera que recibe la Iglesia católica sería negativo para el trabajo de acción social y caritativo que realiza.
“Nadie lo puede ver positivo. Yo he leído cosas sobre la propuesta, pero me gustaría averiguar cuál es el contenido del proyecto”, refirió el diplomático de la santa sede en Nicaragua.
Aunque aseguró que pudo conocer de alguien muy cercano a la Iglesia católica que la reforma que pretende gravar con impuestos la cooperación, no suscrita al ejecutivo, no afectará las donaciones que recibe la Iglesia.
EXIGEN DERROGAR IMPUESTOS
E l Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) envió una carta el 20 de noviembre pasado al jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, en la que expresa preocupación porque “por primera vez en la historia del país se ha establecido el pago de impuesto a aquellas cooperativas que tengan ingresos brutos mayores a cuarenta millones de córdobas anuales”.
En la carta respaldada por nueve federaciones cooperativistas y firmada por el presidente del Consejo, Ariel Bucardo Rocha (exministro agropecuario), se expone que por ser de carácter social sus excedentes no los distribuyen como las empresas de sociedad anónima “o de corte capitalista”, “por cuanto constituye un mecanismo socialista de distribución de riqueza y por tal razón en la mayoría de los países no pagan impuestos”.
Por ello, Bucardo demanda devolver los beneficios fiscales a las cooperativas.
En tanto el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) expresó que la reforma a la Ley de Concertación Tributaria “trata de resolver el problema del pésimo diseño” de la ley. El MRS denunció que al cobrar el 15 por ciento de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la producción nacional textil, cuero y calzado “los nicaragüenses de la ciudad y el campo tendremos que pagar ese impuesto, con lo que el costo de la vida se elevará aún más”.
(Colaboración Ilich Buitrago).
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