La construcción del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua y demás proyectos asociados, que oficialmente inicia mañana, ha despertado un sinnúmero de dudas entre la comunidad científica nacional e internacional, principalmente porque las obras iniciarán antes de que los estudios de factibilidad ambiental estén terminados y sean validados por una institución u organización ajena al megaproyecto.
Sumado a esto, el tema de la propiedad y cómo será el proceso de expropiación, ha causado una serie de interrogantes e inconformidades entre las personas que consideran sus propiedades serán afectadas por la obra.
Organizaciones ambientalistas como Centro Humboldt han hecho esfuerzos para realizar estudios ambientales paralelos. La conclusión es contundente, basados en sus resultados, el Gran Canal es la mayor amenaza a las condiciones ambientales del país en su historia y que podría generar mayor riesgo a la población nicaragüense de no satisfacer sus necesidades básicas de agua y alimentación segura.
Esta conclusión está basada según explicó Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt en riesgos como: la posibilidad del deterioro irreversible en la calidad del lago Cocibolca, la intrusión de especies invasoras e incluso el riesgo de salinización de las aguas del lago, el avance de la frontera agrícola en las principales reservas como Bosawas e Indio Maíz, por el desplazamiento de poblaciones que están asentadas sobre la ruta seleccionada y el corte de la conectividad en el Corredor Biológico Mesoamericano.
LA JOYA DE LA CORONA
Para Salvador Montenegro Guillén, fundador del Centro para la Investigación de los Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA-UNAN), un Canal Interoceánico en el lago Cocibolca sería como robarle el alma, ya que perjudicaría de gran manera la posibilidad de seguir utilizándolo como una fuente de agua potable e incluso de emplear sus aguas para otros usos óptimos que ya se han plasmado en leyes como la 699, ley de la comisión.
Un aspecto que Montenegro Guillén ha cuestionado es el porqué se utilizará al Cocibolca para el Canal, quién o quiénes determinaron que es necesario usar el lago. Nadie tiene la explicación de por qué se debe utilizar el lago, nadie ha podido, al día de hoy, justificar o explicar por qué hay como condición que el Cocibolca esté en la ruta. No existe una justificación racional, técnica, económica o de ninguna otra índole, simplemente han tomado una decisión que nadie ha podido explicar o justificar, afirmó.
Según Montenegro, el potencial uso y aprovechamiento de las aguas del Cocibolca ya está demostrado y se evidencia en los proyectos de abastecimiento de agua potable que actualmente proveen del vital líquido a la ciudad de Juigalpa, Chontales y San Juan del Sur en Rivas.
Esto (el Canal) es precisamente el peor riesgo que enfrentamos, perder la joya de la corona de Nicaragua (el Cocibolca), porque es el recurso más valioso, cuya destrucción injustificada es absurda.
El presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN), Manuel Ortega Hegg, aseguró que una de las arbitrariedades ambientales del megaproyecto es la de comprometer el recurso acuífero más precioso del país, que es el lago de Nicaragua, sin ningún tipo de estudio ambiental ni consulta experta, a hacer uso de sus aguas para transporte internacional, sin tomar en cuenta las amenazas que eso representa.
Usar el lago para el Canal según Ortega Hegg amenaza la biodiversidad del lago y para los otros usos sostenibles, como agua potable para el país y el área centroamericana, irrigación, pesca de subsistencia y pesca deportiva y otros.
HALLAZGOS GENERAN MÁS DUDAS
Según Campos, los resultados y hallazgos a partir del Estudio de Línea de Base presentados por Environmental Resources Management (ERM) el pasado 20 de noviembre, han generado más preocupación de la que se tenía inicialmente en cuanto a la protección que se le debe dar al medioambiente, sobre todo en la zona donde se desarrollará el Canal.
Entre los hallazgos presentados por ERM están que en la zona del Pacífico se identificó que la mayoría de los manglares y los ecosistemas del bosque tropical seco en el Pacífico, están intactos, mientras que en el Caribe, uno de los principales descubrimientos fue que el río Punta Gorda presenta un nivel extremadamente alto en biodiversidad de peces.
Para el presidente de la ACN, no se ha seguido la práctica común establecida para cualquier proyecto, máxime con uno de esta envergadura, de no proceder a ningún tipo de construcción sin antes tener los estudios de factibilidad. En este caso no se tienen estudios de factibilidad. Más aún, lo poco que conocemos a través de las exposiciones de avance de estudios de las empresas consultoras nos dicen que lo que se está haciendo es una especie de diagnóstico de línea de base, es decir, una primera aproximación para identificar los problemas principales, ese estudio no es aún un estudio de factibilidad ambiental, según la práctica internacional.
“El Gran Canal Interoceánico va a causar la destrucción irreversible del recurso natural más importante del país, el lago Cocibolca, y lo peor de todo, sin que esto resulte necesario o justificable”. Salvador Montenegro Guillén, fundador del Centro para la Investigación de los Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA-UNAN).
PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL
Según Ortega Hegg, es por la falta de estudios de factibilidad ambiental reales que expertos nacionales e internacionales fueron convocados por la ACN para analizar esta obra.
Producto de esa convocatoria en la que participaron 15 científicos extranjeros se determinó, por ejemplo, que de hacerse el Canal en el lago Cocibolca este podría tener una zona muerta.
Los científicos además plantearon inquietudes que no han sido respondidas hasta hoy, según Ortega Hegg, quien además afirmó que los estudios de factibilidad ambiental son claves para poder orientar el diseño constructivo. Pareciera que en este caso, los estudios y diseños constructivos han ido por un lado y los estudios de factibilidad ambiental por otro.
Ortega Hegg explicó que la ruta establecida para el Canal atraviesa una de las zonas con la mayor cobertura boscosa del país. Es la zona entre el Caribe y el lago, y todo lo que supone como hábitat de una amplísima diversidad biológica, de las cuales vivimos los nicaragüenses.
ÁREAS QUE SERÍAN AFECTADAS
Según una resolución emitida por la Asociación de Biología Tropical y la Conservación (ATBC por sus siglas en Inglés), se estima que el desarrollo del Canal podría afectar unos 4,000 kilómetros cuadrados de bosque, costa y humedales que incluyen el sistema de humedales de San Miguelito (área protegida por la Convención Ramsar de la que Nicaragua es signataria), la Reserva Natural Cerro Silva, la Reserva de la Biósfera de Río San Juan, que comprende siete áreas protegidas, incluyendo el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, la Reserva Biológica Indio Maíz, y el Archipiélago de Solentiname.
Para Ortega Hegg, el escenario que le espera a Nicaragua, de realizarse el megaproyecto sin estudios de factibilidad terminados, es un escenario de incertidumbre y amenaza (…). Al no contar con datos que indiquen la magnitud de los riesgos y de las amenazas, las posibilidades de daños irreversibles son enormes, pues las obras ingenieras no las toman en cuenta para los cambios en diseño para evitar o mitigar determinadas amenazas.
HKND GROUP NO ASUMEDAÑOS AMBIENTALES
Según lo afirmado por Bill Wild, asesor principal de HKND Group, para el proyecto del Canal, hasta el pasado 20 de noviembre, día que se presentaron los avances de los estudios, HKND como empresa no ha considerado la creación de un plan de remediación ante posibles daños ambientales generados por el megaproyecto.
A esto se le agrega que, según la Ley 840, en su artículo 16, establece que remediar o detener el deterioro de los bosques o de contaminación del lago Cocibolca no es responsabilidad de HKND Group, concesionaria del proyecto.
Esto ya que, el artículo 16 de la Ley 840 aborda las condiciones preexistentes y establece que el concesionario no será responsable o tendrá responsabilidades frente a ninguna entidad gubernamental, con respecto a condiciones ambientales preexistentes ya sean de limpieza, manejo o alguna otra acción vinculada a condición ambiental preexistente de ninguna de las áreas donde El Proyecto está ubicado o de las áreas que podrían utilizarse en El Proyecto.
REBELIÓN CAMPESINA POR SUS TIERRAS
Desde septiembre, en los departamentos de Rivas, Río San Juan y Caribe Sur, los campesinos organizados en Comités de Defensa de la Tierra por comunidades, han realizado 16 marchas en rechazo al proyecto del Gran Canal.
Según los escasos resultados brindados por el Gobierno sobre el censo realizado, el área total del terreno analizado fue de más de 1,600 kilómetros cuadrados y más de siete mil familias fueron investigadas.
Este trabajo lo realizaron más de cuatrocientas personas del Changjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research Co., Ltd. (CISPDR) y las instituciones nicaragüenses como la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), entre otros.
Según la Ley 840, Ley del Canal, en su artículo 12, los terrenos expropiados serán transferidos por la Comisión a El Concesionario, y en el artículo 2 de la misma ley queda a discreción del inversionista indicar la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto.
En el mismo artículo 12 se establece que el pago que recibirán las familias en concepto de indemnización por las expropiaciones será equivalente al valor catastral de las propiedades, o bien, el valor de mercado, siempre y cuando este sea menor al valor catastral.
No obstante, en reiteradas ocasiones el vocero de la Comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, ha insistido en que el proceso de expropiación será casa a casa y caso a caso, y que los afectados recibirán el pago justo, en una operación ganar-ganar.
Desde zonas productivas del país como Punta Gorda en el Caribe Sur, los campesinos han manifestado su negativa a vender sus tierras. Esta misma posición ha sido adoptada por campesinos de El Tule, Río San Juan y La Fonseca, La Unión, Puerto Príncipe y Polo de Desarrollo Daniel Guido en Nueva Guinea.
Asimismo, en comunidades como Obrajuelo y Santo Domingo Piche en Rivas se han realizado marchas y protestas contra el Canal.
En total se han realizado 16 marchas multitudinarias, donde los campesinos han exhibido en pancartas y han gritado: ¡No al Canal!
Esta negativa al megaproyecto ha incluso derivado en la conformación de un Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía Nacional.
Para líderes como Nemesio Mejía, del Comité de Defensa de la Tierra de Punta Gorda, el Canal vendría a quitarnos las tierras a nosotros los campesinos, a nosotros los productores.
INDÍGENAS NO HAN SIDO TOMADOS EN CUENTA
Para los pueblos indígenas, la construcción del Canal sobre sus territorios en el Caribe Sur significaría el retroceso de todo lo logrado en cuanto a reconocimiento de derechos ancestrales de tenencia de la propiedad.
Hace dos meses, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) apoyó con asesoría legal la petición de medidas cautelares emitida por el Consejo de Ancianos del pueblo Rama ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En estas medidas cautelares, los ramas piden que se frene el proyecto del Canal, ya que este pretende usar parte de su territorio en el Caribe Sur y hasta ahora no se han efectuado consultas libres, previas e informadas en la zona a los indígenas.
Según un artículo publicado por la revista Nature , una de las más respetadas revistas periodísticas en cuanto a temas científicos interdisciplinarios, el proyecto del Canal amenaza varias comunidades indígenas autónomas como la rama, garífuna, mayangna, miskitos y ulwa, y algunos de los más frágiles, prístino y científicamente importantes ecosistemas marinos, terrestres y lacustres en Centroamérica y los costos sociales, económicos, culturales y ambientales de reasentamiento de la población serían enormes. Cientos de aldeas tendrán que ser evacuadas y los habitantes indígenas reubicados.
A un día de iniciar las obras del Canal, ni los campesinos ni los indígenas han sido escuchados ni consultados de si realmente quieren dejar sus tierras y reasentarse en otra parte del país, para que pueda hacerse lo que el Gobierno y HKND Group han llamado el sueño de todos los nicaragüenses.
LEA MAÑANA: LA LEY QUE ENTREGÓ NICARAGUA A UN EMPRESARIO CHINO
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