[doap_box title=”“Reducen” femicidios por orden presidencial” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]
La presión de los grupos defensores de los derechos de las mujeres y su demanda de más seguridad estatal a las mujeres, ante el incremento de los femicidios, obligó al Gobierno a tomar cartas en el asunto: modificaron la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ante el número detallado de cada caso de femicidio que las organizaciones de mujeres publicaban, el Estado salió al frente modificando por las vías de hecho la ley, cambiando la definición de femicidio reduciéndolo al crimen cometido por un hombre en relación de pareja con la mujer víctima.
De acuerdo con el análisis de las organizaciones de mujeres, las cifras de mujeres asesinadas por razones de género afectaban la imagen de “país más seguro de Centroamérica” y por eso, donde antes se leía femicidio, se empezó a poner homicidio, parricidio y otras figuras penales.
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Una sola voz. Lastimera, monótona, lánguida, a veces fría y a veces cálida, pero fue una sola voz la que durante los 365 días del año 2014 se encargó de imponer como política de comunicación gubernamental la alarma y la zozobra entre la población nicaragüense: la voz de Rosario Murillo Zambrana, vocera del gobierno de su esposo Daniel Ortega Saavedra, presidente inconstitucional de Nicaragua. Fue a través de ella que durante el año pasado el país entero se enteró, minuto a minuto, de cada muerte por dengue, de cada caso de chikungunya, de cada tragedia nacional y de cada decisión de Ortega. Los mineros muertos, los vecinos aplastados del barrio 18 de Mayo, las víctimas de las lluvias en todo el país, las obras sociales, los traumáticos días de sismos de abril, el meteorito ficticio, las reuniones oficiales, las leyes aprobadas, las visitas internacionales y hasta los santos del día, se oyeron todos los días por medio de esta voz sin retroalimentación, sin preguntas, sin cuestionamientos, sin aclaración. 2014 fue el año en que se instaló como política de comunicación la estrategia de zozobra y solución: todos los males del país en detalles, y de inmediato, gracias a Dios, a la Virgen y al Presidente, la respuesta gubernamental. LA PRENSA resume esos acontecimientos que cautivaron y alteraron al país en 2014.
REELECCIÓN Y REFORMAS MILITARES
El año 2014 inició, el 10 de febrero, con la entrada en vigencia de las reformas constitucionales cocinadas en la Asamblea Nacional en 2013 y aprobadas en segunda legislatura en 2014. Los cambios a la Carta Magna sirvieron para incorporar la modificación de los límites marítimos de Nicaragua obtenidos por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Mientras en materia político-electoral integraron en los cargos de elección nacionales, municipales y regionales, la proporción de 50 por ciento de mujeres en todos los cargos. Igual se formalizó la alianza Gobierno-empresarios y se extendió a cinco años el período de los alcaldes, vicealcaldes y concejales.
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2,910 días sin dar una conferencia de prensa cumplió Daniel Ortega el 31 de diciembre pasado, al finalizar el año 2014. Los días sin dar la cara a los medios de comunicación social independientes y corresponsales de prensa se cuentan desde que asumió el Gobierno en enero del 2007 y tras el fraude electoral del 2011, cuando asumió como presidente inconstitucional.
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La Asamblea allanó a Ortega la vía a la reelección indefinida y eliminó la segunda vuelta electoral para elegir al presidente, además de determinar que un candidato es vencedor en las elecciones presidenciales con una mayoría relativa.
Del mismo modo facultó a Ortega a dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley y a nombrar a militares y a policías en servicio activo en cargos públicos.
La Asamblea modificó el marco jurídico militar para dejar a opción de Ortega el nombramiento de los mandos militares, tal y como ocurrió en diciembre pasado cuando el presidente rompió 20 años de institucionalidad en el Ejército de Nicaragua al renombrar en el cargo al leal general de Ejército, Julio César Avilés Castillo, por cinco años más.
[doap_box title=”Ley de tránsito, premio a policía” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]
Nicaragua se enfrascó en un intenso debate en torno a la propuesta de las autoridades policiales de modificar la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito, Ley 431, para crear nuevas y más altas multas de infracciones de tránsito, con el fin de reducir las altas tasas de accidentalidad y muertes en las vías. Diversos sectores sociales calificaron las reformas como “recaudatorias” en beneficio económico del Estado y la Policía Nacional. En estas reformas las multas por infracciones de mayor peligrosidad, cuyo tope era de 1,500 córdobas, pasaron a 5,000 córdobas. Además incrementaron la multa para quienes manejen sin seguro de daños a terceros, obligando a los conductores a adquirir su seguro con las compañías privadas. No obstante, para algunos sectores críticos, la reforma a la Ley no estuvo dirigida a fortalecer la educación vial, sino en aumentar las multas, cuyo aumento oscila entre un 60 % y un 300 % y lo recaudado será para beneficios económicos del Estado. El argumento policial, de modificar las multas para reducir la accidentalidad, quedó hecho añicos con las cifras preliminares de fin de año 2014: de 577 muertes por accidentes en 2013 subió a 672 en 2014; los accidentes subieron de 28,369 en 2013 a 29,015 en 2014. Es decir, no se redujeron los accidentes, pero sí subió la cantidad de personas multadas: según cifras preliminares de mediados de noviembre, la cantidad de personas sancionadas era de 302,000, por diversas infracciones.
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TERREMOTOS, LLUVIAS, EPIDEMIAS, TRAGEDIAS MINERAS…
El 2014 registró un año convulso en tragedias humanas y desastres de la naturaleza en Nicaragua. Abril fue un mes de mucho estrés y miedo: los temblores que azotaron la zona costera del Pacífico no solo destruyeron casas y dañaron edificios, sino que le robaron la calma a la mitad más poblada de este país de 6.1 millones de habitantes.
El Gobierno sugirió dormir fuera de las casas por el temor a un terremoto, vinieron expertos extranjeros, se desplegaron brigadas de militares y Defensa Civil, se debatió, se reportó cada sismo y cada día se nos recordó lo frágil que somos ante desastres naturales. A la alarma sísmica se le sumó el terror a las epidemias del ébola, del chikungunya, del dengue clásico o mutante y otros hechos trágicos como la muerte en Bonanza, Caribe Norte, de siete mineros artesanales que quedaron soterrados al derrumbarse una mina de oro abandonada.
En todo el país murieron 33 personas y más de 68,000 fueron afectadas por las lluvias de mayo a noviembre. El mayor impacto ocurrió en Managua, en el barrio 18 de Mayo, donde se derrumbó el muro perimetral del residencial Lomas del Valle, que aplastó a nueve personas asentadas en un costado del reparto. El año finalizó con un barco lleno de marinos que naufragó en altamar causando la desaparición de 18 pescadores.
EL CRIMEN DEL 19 DE JULIO Y LA REPRESIÓN EN EL CAMPO
En el plano político, el hecho noticioso de mayor impacto ocurrió el propio 19 de julio: tras concluir el 35 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, personas que militaban en el partido FSLN y aliadas con opositores y exmilitares, atentaron contra caravanas de buses de gente que venían de la celebración anual de Managua.
Cinco simpatizantes sandinistas murieron y otros 28 resultaron heridos durante los dos atentados criminales, coordinados según las versiones policiales, con fines de delincuencia común.
La investigación de hecho, que generó la condena nacional unánime, impulsó una ola de represión policíaco-militar en el campo, que llevó a 12 sospechosos ante la justicia, en un juicio lleno de irregularidades donde encapuchados y testigos sin rostro acusaban y aportaban pruebas contra los acusados, que al final fueron condenados judicialmente por la masacre.
Los organismos de derechos humanos denunciaron violación a los procesos judiciales y a los derechos humanos de los reos, que a su vez denunciaron secuestros y torturas durante el proceso de investigación.
Pese a la evidencia lógica del móvil del crimen, ni la Policía, ni el Ejército, ni la Fiscalía ni el Gobierno, admitieron que se tratase de un crimen con fines políticos, a como tampoco reconocen la existencia de grupos armados con fines políticos, pese a la evidencia de ataques y combates a tropas de policías y militares.
EL PAPEL DE LOS OBISPOS
Ante el cerco informativo a los medios de comunicación no oficialistas, el acoso y boicot a las organizaciones de la Sociedad Civil y el silencio de la alianza corporativa Gobierno-empresarios, los obispos de la Iglesia católica alzaron la voz y señalaron al Gobierno uno por uno sus errores y abusos.
Crítica en su posición institucional, aunque dividida entre sus miembros que apoyan y rechazan al Gobierno, la jerarquía de la Iglesia católica, desde la Conferencia Episcopal, plantó cara al gobierno el 21 de mayo, cuando presentó al presidente Ortega y al país el documento: En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor.
El documento contiene con lujo de detalles la posición del clero y sus preocupaciones sobre derechos humanos, gobernabilidad política, familia, pobreza y manipulación social, voracidad económica e irrespeto a la naturaleza, violencia política y falta de justicia, respeto a la voluntad popular en materia electoral y fin de la manipulación oficial a los símbolos religiosos.
Los sacerdotes hicieron a Ortega dos propuestas concretas: La realización de un Gran Diálogo Nacional en el que participen todos los sectores del país y una profunda reforma política de todo el sistema electoral. Ortega, formalmente, nunca respondió a la jerarquía de la Iglesia católica.
RESISTENCIA AL CANAL Y LA REPRESIÓN POLICIAL
[doap_box title=”El meteorito” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]
Como parte de la estrategia de zozobra y solución que implementó el Gobierno en todo 2014, las autoridades de Nicaragua atribuyeron una explosión ocurrida aproximadamente a las 11:00 de la noche del 6 de septiembre, en la zona del kilómetro 9.5 de la Carretera Norte, en los predios de la Fuerza Aérea Nicaragüense, al impacto de un meteorito. Autoridades de Defensa Civil, Alcaldía de Managua, Ineter y otras, salieron casi 24 horas después del estallido a explicar que se trató de un fenómeno espacial. No tardó mucho la versión gubernamental en ser desmentida por la misma NASA, expertos nacionales y extranjeros destrozaron la teoría oficialista de Nicaragua y la credibilidad de los funcionarios quedó deteriorada.
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Pese a toda la propaganda oficial del Gobierno y su maquinaria de medios oficialistas en torno a las supuestas bondades del canal, las protestas en contra de la construcción del canal estallaron en zonas donde está trazada la ruta de la vía comercial.
En Managua, San Miguelito, El Tule, Rivas, Nueva Guinea, Ometepe, Puerto Príncipe y otros lugares, se hicieron tranques y plantones en contra de la decisión del Gobierno de confiscar tierras de los campesinos para uso y beneficio del canal, cuyo derecho de concesión y explotación otorgó Ortega por cien años al empresario chino Wang Jing, hecho que ha llevado a los opositores del proyecto a tildar a Ortega como vendepatria.
Los plantones, liderados por indígenas, comunales y dirigentes del Movimiento Renovador Sandinista, fueron ahogados y reprimidos por las autoridades de la Policía y fuerzas de choque del Gobierno, como los motorizados, que intimidan, persiguen, graban y amenazan a los que se oponen al proyecto.
El máximo nivel de tensión y la mayor muestra de represión que generó el tema ocurrió entre el 23 y 24 de diciembre, cuando agentes policiales encubiertos e infiltrados, junto con tropas antimotimes y militares, cercaron los sitios de las protestas y desalojaron a quienes reclamaban.
El uso de la fuerza generó heridos de ambos lados y detenidos que pasaron varios días incomunicados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, quienes fueron finalmente liberados sin cargos penales. En el caso, que ocupó gran parte del año, se manifestó como nunca, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la instrumentalización de la Policía y sus mandos a favor de Ortega y sus proyectos políticos, al extremo de llevar a mentir a la jefa de facto de la Policía Nacional, Aminta Granera, quien argumentó que parte de las represalias policiales se debían al cierre de vías, a la amenaza de quema de una cisterna y a la quema de la estación policial de El Tule, la cual nunca fue incendiada.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A
