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El Canal y el sistema tributario

En la Ley 840 se incluyeron en la concesión otorgada varios sub-proyectos: i) el canal interoceánico ii) un canal seco iii) dos puertos de aguas profundas iii) un aeropuerto vi) un oleoducto y vii) dos zonas de libre comercio. Estos sub-proyectos estarían libres del pago de todo tipo de impuestos durante los próximos 100 años.

En la Ley 840 se incluyeron en la concesión otorgada varios sub-proyectos: i) el canal interoceánico ii) un canal seco iii) dos puertos de aguas profundas iii) un aeropuerto vi) un oleoducto y vii) dos zonas de libre comercio. Estos sub-proyectos estarían libres del pago de todo tipo de impuestos durante los próximos 100 años.

Posteriormente se han agregado, de facto, otros sub-proyectos, no incluidos en la Ley 840, que gozarían de los mismos beneficios, quizá amparándose en que todos ellos formarían parte de la “zona de libre comercio”: centros turísticos, campos de golf, zonas francas y centros financieros.

Tal vez la inclusión de algunos de estos nuevos sub-proyectos se podría entender mejor si uno estudia el papel de los campos de golf en China para los ricos y nuevos ricos, el déficit de la cuenta de turismo en la balanza de cuenta corriente de China, la reciente autorización a los bancos chinos para abrir sucursales en el exterior y la creciente utilización de empresarios y funcionarios chinos de paraísos fiscales para colocar su riqueza, lo cual no es estrictamente ilegal en China.

Pero esto comienza a parecerse cada vez más al famoso proyecto de las “ciudades libres” de Honduras. La idea de estas “ciudades libres” es simple: se toma un área del país, se le otorga un régimen tributario y regulatorio propio, diferente al del resto del país, y se abre la puerta a los inversionistas dispuestos a instalarse.

En el caso de Nicaragua existiría una diferencia: se han otorgado al concesionario derechos exclusivos sobre esta zona y sus beneficios. Esto significa que quienes deseen hacer negocios en ella, entrando a cualquiera de esos paquetes de negocio denominados “sub-proyectos”, deberán hacerlo bajo la figura que el concesionario especifique, y acordando la forma de participación del concesionario.

Recuérdese por otra parte que una característica de un paraíso fiscal es, precisamente, la existencia de dos regímenes fiscales diferentes: uno para los residentes que operan bajo las leyes tributarias normales, y otro para quienes disfrutan de un régimen tributario privilegiado, con tasas nulas o mínimas.

En el caso de Nicaragua, habría un régimen fiscal que cubriría a todos aquellos sin la capacidad de incorporarse como inversionistas de los sub-proyectos, que son la mayoría de los contribuyentes, y otro, para los inversionistas locales y extranjeros que entrarían, una vez que se asocien al concesionario, a financiar uno o varios de los mencionados paquetes de negocios, libres del pago de todo impuesto por los próximos 100 años.

Pero incluso se ha creado una paradoja. Desde ya existe un régimen fiscal para las inversiones turísticas, en zonas francas y en el sector financiero para quienes operen bajo el sistema tributario del país, fuera del enclave controlado por el concesionario, y otro, libre de impuestos por 100 años, para los negocios de este tipo que acuerden con el concesionario su ingreso en el paquete de inversiones de cualquiera de los sub-proyectos.

Lo que va quedando claro es que la carga tributaria requerida para hacer frente a la inversión pública en capital humano e infraestructura y otros campos fundamentales, indispensables para aprovechar el tiempo que resta del bono demográfico y arribar a la fase de envejecimiento en mejores condiciones, recaería exclusivamente sobre los consumidores, asalariados, micro, pequeñas, medianas y aún las grandes empresas no incluidas en el régimen de privilegio.

Debido a que la mayoría absoluta de estos contribuyentes posee una capacidad contributiva muy baja, en el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe, los recursos recaudados seguirían permitiendo solo la provisión de una educación y salud pública también muy pobres, y de una inversión pública en infraestructura, como fracción del PIB, tan pobre como la actual.

*Economista

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