Quien se acuerda del tan polémico proyecto tico de construir una carretera en la ribera del Río San Juan, recordará, sin temor a equivocarme, la bandera de protección al medio ambiente que el gobierno de Nicaragua alzó ante la Corte Internacional de Justicia.
Para los adeptos del partido de gobierno era una clara muestra de la importancia que para el gobierno tiene la protección a nuestros recursos, que de por si son —o por lo menos deberían ser— del interés de todos. Para algunos detractores no representaba más que una cortina de humo para desviar la atención en relación a los problemas internos que, cabe destacar, son muchos. Para los ambientalistas (sin pasiones políticas) aunque tal preocupación pudiera esconder un interés político, los beneficios colaterales, que al final de cuentas abarca a todos, son como mínimo, plausibles.
No se puede negar que al analizar el criterio precautorio que sustentó el reclamo de Nicaragua ante la Corte, así como la adopción de medidas cautelares, provoca una sensación de satisfacción la coherencia y convicción —por lo menos eso parece— con que se defiende la protección al río San Juan y al medio ambiente en sí.
Esa sensación tan satisfactoria es inversamente proporcional a la sensación que provoca la poca o nula importancia que el medio ambiente parece tener cuando se habla de la panacea a los males que asuelan Nicaragua, quiero decir, delante del “mega proyecto” de Canal Interoceánico.
En el primer caso, el medio ambiente merecía agotar todos los recursos para asegurar su efectiva protección. Se dispuso de tiempo y sobretodo de recursos en la defensa del río San Juan, que vuelvo a enfatizar, sea cual sea el interés, el beneficio merece reconocimiento.
Sin embargo, en el proyecto de Canal Interoceánico la protección de las aguas, de la biodiversidad, de las áreas protegidas, entre otros asuntos sensibles para los nicaragüenses, parecen más “obstáculos” en el camino, que un interés real del Estado en garantizar un desarrollo sostenible.
Los partidarios del Gobierno dirán que el clamor y los varios recursos (rechazados) interpuestos en la ya desacreditada Corte Suprema de Justicia obedecen a un intento desenfrenado de la oposición para boicotear toda “iniciativa” procedente del Gobierno. Porque, cabe destacar que, todo el que no comulgue y/o realice el mínimo esfuerzo en manifestarse es clasificado, casi por efecto automático en “opositor” o entonces, “subdesarrollado”, entre otros calificativos otorgados por los ilustres y estudiosos de este mega proyecto.
De repente me asalta el recuerdo de un comentario que hace tiempo leí en el Facebook por un contacto que defendía vehementemente el proyecto del canal. Y no es el hecho de defenderlo lo que me generó cierta incomodidad, y sí, los argumentos superfluos de los cuales se valió para “fundamentar” su opinión. Caso pueda llamarse de opinión, porque parecía más un comentario sacado de una discusión entre niños de primaria que de alguien con una formación académica superior. Pues bien, entre los fabulosos argumentos era recurrente el de “los países desarrollados progresan con desarrollo tecnológico” (apenas parafraseando). Si bien el comentario no merecía dedicarle mucho tiempo, por lo menos sirvió para reflexionar sobre lo siguiente: ¿queremos desarrollo cuantitativo o cualitativo? ¿Contamos con las políticas públicas y con el engranaje institucional adecuado, como el de muchos países “desarrollados”, para hacer frente a un proyecto de esa dimensión? Al respecto de la primera incógnita es obvio que la mayoría quiere calidad de vida y no únicamente crecimiento económico. Al respecto de la segunda es aún más evidente que no contamos con ese nivel de madurez política ni institucional.
No es entregando los recursos en bandeja de plata que se solucionan los problemas del país. Antes bien, un proyecto de esa dimensión merece ser estudiado con el mayor grado de profundidad y sobretodo, respondiendo al interés de una nación, y no, al de unos pocos que representan sus propios intereses.
La autora es abogada. Actualmente estudiando maestría en Derecho Ambiental en la Universidad del Estado del Amazonas-Brasil.
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