Un grupo de 24 organizaciones nicaragüenses pidieron este martes a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebra en Costa Rica, incluir en su agenda el tema del proyectado canal en Nicaragua, que calificaron como una “entrega de soberanía”.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos, ambientalistas y políticas pretenden entregar una carta dirigida a los 33 gobernantes del bloque, que se reúne el miércoles 28 y el jueves 29 de enero en San José, en la que alertan sobre un posible “grave impacto social y ambiental” del proyecto.
“Queremos que los presidentes se den cuenta de las irregularidades que el gobierno de Nicaragua ha cometido, violentando la Constitución Política en más de 42 artículos del contrato”, dijo a la AFP Octavio Ortega, uno de los dirigentes del movimiento de oposición al canal interoceánico.
“No nos oponemos al desarrollo de obras que puedan impulsar el progreso del país, pero lo que ocurre es que no hay un estudio serio de impacto ambiental ni de viabilidad económica”, afirmó el dirigente.
El canciller costarricense, Manuel González, dijo a la AFP que, aunque el documento pueda llegar a su despacho y lo encauzaría de manera apropiada, no ve viable que los firmantes de la carta puedan entregarla a los gobernantes en el marco de la reunión.
“No porque no los queramos recibir, sino por los estrictos dispositivos de seguridad que estamos obligados a garantizar a las delegaciones. Además no veo que sea un tema de discusión en la CELAC en este momento”, indicó el canciller.
La carta, distribuida a la prensa, señala que el contrato firmado por el gobierno de Nicaragua con una compañía de Hong Kong para la construcción del canal entrega los recursos naturales más valiosos del país, así como “la soberanía administrativa, judicial, laboral, fiscal y financiera, incluyendo las reservas del Banco Central, al ser otorgadas como garantía”.
Adicionalmente, “otorga al concesionario el derecho de confiscar propiedades de particulares en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo las de régimen comunitario, y a su propio arbitrio, pagándolas a precio de catastro o comercial”, subrayó.
“Especial preocupación es la degradación ecológica de los ecosistemas y de los recursos acuíferos, en particular los del Gran Lago de Nicaragua (Cocibolca), el mayor reservorio de agua dulce de la región centroamericana”, agrega el documento.
Octavio Ortega afirmó que se han realizado 19 marchas de protesta en Nicaragua, que han sido “salvajemente reprimidas” por el gobierno de Daniel Ortega.
“Queremos evitar un derramamiento de sangre en Nicaragua”, aseguró, por lo que pidió “sensatez” al mandatario de su país. “Que nos sentemos y dialoguemos”, concluyó.
