[doap_box title=”Constitución los respalda” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]David Lechado, asesor legal de los productores miembros de la Cámara Nicaragüense de Cuero y Calzado, hace referencia a la reciente reforma a la Ley de Concertación Tributaria y la califica como “una matanza a los productores”, pues a muchos de los integrantes de ese gremio les falta poco para pasar de cuota fija a un pago de régimen general.
Lechado afirma que para presentar ante la Corte Suprema de Justicia un amparo legal se han valido de los artículos 27, 52, 57, 58, 63 y 71 de la Constitución Política de la República de Nicaragua que velan por la estabilidad, equidad y justicia social, laboral y económica de los ciudadanos nicaragüenses y cita que “los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado o cualquier autoridad”, haciendo referencia al artículo 52 de la Carta Magna.[/doap_box]
Pequeños y medianos productores de calzado en el país solicitaron a los miembros de la Comisión Económica en la Asamblea Nacional una reunión con carácter de urgencia para revisar aspectos que les preocupan de la última reforma a la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria, de diciembre pasado.
Silvio Fuentes, presidente de la Cámara Nicaragüense de Cuero y Calzado, explica que mantendrán su expectativa para que se incluya nuevamente el numeral 13 del artículo 127 en la Ley 822, que dejaba exento del impuesto sobre el valor agregado (15 por ciento) al calzado de cuero nacional, “los pantalones, faldas, camisas, calzoncillos, calcetines, chinelas, botas de hule y botas de tipo militar con aparado de cuero y suela de hule para el campo, blusas, vestidos, calzones, sostenes, camisolas, camisolines, camisetas, corpiños, pañales de tela, y ropa de niños y niñas”, destacaba el numeral.
Fuentes reconoce que si bien la derogación del numeral 13 del artículo 127 —publicado el 18 de diciembre de 2014 en La Gaceta, Diario Oficial, número 240— es para aquellas empresas que operan bajo régimen general, “es una bomba de tiempo para los que están en cuota fija y por sus márgenes de facturación pasarán al otro régimen y no cuentan con la preparación suficiente”.
También mencionó que para crecer y que sean sostenidas las ventas una vez que los pequeños pasen a régimen general, se requiere de una competencia leal y que las autoridades de gobierno velen por el cumplimiento de ello, “pues ellos mismos continúan validando las importaciones de los zapatos procedentes de China, que son más baratos, y los de segunda mano”.
BUSCAN MÁS APOYO
Fuentes, junto con un asesor legal y otros productores de calzado, presentó ante la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli) el recurso de amparo interpuesto recientemente ante la Corte Suprema de Justicia para que sea apoyado por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.
Ernesto Rodríguez, propietario de Calzado EyT en Granada, siente que con el impuesto que los productores deben agregar a su mercadería los pone en una desventaja competitiva, ya que el precio del calzado al consumidor final se incrementará.
“En el país cuando hacen este tipo de reformas jamás piensan en los afectados finales que son los consumidores, quienes deben pagar más y nosotros como productores asumir en ocasiones pérdidas en nuestras estructuras de costos ya que no podemos fijar precios tan altos”, lamenta Rodríguez.