La quinta Juliana, propiedad de Mayra Martínez Cabezas, a quien la Policía denominó como “La Reina del Sur” al acusarla de abastecer de droga varios municipios rivenses, apareció puesta a la venta pese a que el caso no cuenta con sentencia firme y definitiva.
La propiedad está ubicada en Sabana Grande, municipio de Potosí, tiene una extensión de tres manzanas de terreno y era el domicilio de la implicada.
Ahí llegó la Policía a detenerla el 6 de marzo del 2012, cuando le ocuparon 11 propiedades; 20,219 euros; 87,795 dólares; 114,481 córdobas; 409 gramos de cocaína; dos rifles 22 y dos revólveres, además de ganado, animales de crianza, prendas de oro y electrodomésticos.
Martínez Cabezas fue condenada a 11 años y ocho meses de prisión por el exjuez de Distrito Penal de Juicios de Rivas, Félix Jacinto González, el 14 de noviembre del 2012.
FESTÍN CON BOTÍN NARCO
Sus propiedades fueron entregadas a favor del Estado en vista de que las autoridades no han tenido voluntad para crear la Unidad Administradora de Bienes Incautados, decomisados o abandonados provenientes de actividades ilícitas, por lo cual la repartición de los botines narcos se hace bajo una especie de “tuyo y mío”.
La sentencia fue apelada por la defensa de Martínez Cabezas, pero el Tribunal de Apelaciones de Granada confirmó la sentencia de primera instancia.
El proceso fue llevado a casación ante la Corte Suprema de Justicia, institución que aún no dicta sentencia definitiva.
120,000 dólares es el precio que una empresa de bienes raíces está solicitando por la quinta Juliana, propiedad inmueble decomisada a Mayra Cabezas Martínez, alias “La Reina del Sur”, acusada de vender drogas ilícitas.
“La puesta en venta de una propiedad que fue incautada al narcotráfico es un procedimiento fuera de la ley y menos cuando la sentencia no está firme. Los bienes pueden darse en depósito y una vez que la sentencia es cosa juzgada es cuando el Estado dispone de las propiedades y las reparte entre las instituciones, pero no puede dárselas a particulares. Tanto el Código Penal y la Ley 735 establecen cómo deben distribuirse las propiedades incautadas del narcotráfico, pero el sistema no lo está poniendo en práctica”, comentó un abogado rivense, quien solicitó se omitiera su nombre.
LA PRENSA quiso obtener la versión de Giovanny Ruiz, abogado defensor de Martínez Cabezas, pero dijo que no podía dar entrevistas por encontrarse en preparaciones de una audiencia de casación.
¿DONACIÓN DE FINCA NARCO?
LA PRENSA conoció que el beneficiario de la quinta Juliana está ofertando la propiedad en 120,000 dólares y asegura que posee toda la documentación legal, puesto que el Estado le hizo “la donación con su debida documentación”.
Al respecto, el procurador Hernán Estrada indicó que averiguará el caso y que la próxima semana tendrá noticias al respecto.
“No puede ser, vamos a investigar eso inmediatamente, debe ser algún sinvergüenza, ya lo vamos a verificar, no pierda cuidado. Cuente con ello la próxima semana”, dijo Estrada.
El artículo 58 de la Ley 735 o Ley contra el crimen organizado ordena que se hará “entrega definitiva” de los bienes incautados en delitos de narcoactividad. “Cuando se dicte sentencia firme de culpabilidad, los bienes serán asignados a las instituciones que se les entregó provisionalmente o distribuidos conforme se establece en el presente artículo, bastando la certificación de la sentencia firme emitida por la autoridad judicial correspondiente para efectuar la transmisión o inscripción de dichos bienes, en el registro correspondiente”.
SILENCIO ANTE “CHARANGA”
En la práctica, la PGR y CSJ reparten los bienes incautados antes de que exista sentencia firme, lo cual ha sido denunciado ampliamente por abogados litigantes.
LA PRENSA ha preguntado en varias ocasiones al procurador Estrada por el número de propiedades adjudicadas al Estado vía sentencia y el destino final de estas en litigios narcos, pero no ha dado respuesta.
Junto con Mayra Martínez fueron condenados también Mayra Eugenia Cabezas Cabezas, Larry José Chavarría, Freddy Tenorio Reyes y José Daniel Ortiz Castro, quienes fueron sentenciados a 10 años de cárcel, contrario a “La Reina del Sur”, a quien le dictaron 11 años y ocho meses de prisión por ser la líder del grupo.
Según acusación del Ministerio Público, Mayra Martínez se dedicaba a recibir, distribuir y abastecer expendios de droga en Rivas y Managua, vendiéndola en onzas valoradas entre los 5,300 y 5,600 córdobas. El centro de operaciones era la quinta Juliana, donde habitaba la acusada.
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