Lo más destacado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado domingo 8 de marzo en Managua, fue el coraje de las mujeres que se enfrentaron al enorme aparato represivo montado por el Gobierno para impedirles marchar sobre la Avenida Bolívar, la céntrica vía capitalina que ha sido convertida en vitrina fachadista.
El domingo en la mañana, además de la gran cantidad de policías antimotines y regulares que bloqueaban el paso a las mujeres en la rotonda de Plaza Inter, en los callejones aledaños se encontraban los matones en motocicletas listos para entrar en acción y agredir a las mujeres, en el caso de que rompieran el cerco policial y marcharan hacia el norte de la mencionada avenida. Además, toda la zona central de Managua fue tomada por una multitud de policías, turbas del FSLN y los desdichados empleados públicos que fueron apostados en las rotondas a fin de impedir que las mujeres pudieran utilizarlas realizar sus protestas y presentar sus demandas en el Día Internacional de la Mujer.
El desmesurado aparato represivo para enfrentar a un puñado de mujeres que solo querían ejercer su derecho de manifestarse públicamente, fue un vergonzoso acto de cobardía gubernamental. Pero las admirables mujeres pusieron en jaque a un régimen que puede aplastar brutalmente cualquier acto de disidencia y oposición pero muestra una gran debilidad política y moral ante un desafío cívico como el del domingo pasado en Managua.
No todos los enfoques y demandas de las feministas son aceptables por amplios sectores nicaragüenses. Sin embargo ellas tienen derecho de opinar lo que quieran y de manifestarse libremente en las calles, para exigir a los poderes públicos lo que consideran justo y necesario. Y reprimir sus manifestaciones públicas por medio de la fuerza bruta de policías, matones motorizados y turbas fanatizadas es una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales.
“El intercambio de ideas y reivindicaciones sociales como forma de expresión, supone el ejercicio de derechos conexos, tales como el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestar, y el derecho al libre flujo de opiniones e información”, ha establecido la Relatoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y agrega que estos derechos “se constituyen como elementos vitales para el buen funcionamiento del sistema democrático inclusive de todos los sectores de la sociedad”.
Pero el régimen de Daniel Ortega no es democrático, es dictatorial y no respeta los derechos humanos ni tolera las manifestaciones públicas de opositores y disidentes. Y por otro lado, los organismos internacionales son incapaces de garantizar que esos derechos y garantías de las personas sean respetados en Nicaragua.
Realmente, es el mismo pueblo nicaragüense el que debe hacer valer sus derechos cuando quiera y poner en su lugar a los gobernantes autoritarios y represivos. Para lo cual tienen que enfrentarlos cívicamente con la determinación y el coraje que las mujeres feministas demostraron el domingo 8 de marzo recién pasado, al desafiar y avergonzar al desmesurado aparato represivo de la Policía y las fuerzas de choque orteguistas.
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