“No hay apelación que vaya a revertir una decisión que ya se tomó”. Así respondió el diputado José Antonio Zepeda, miembro de la comisión especial que investigó el supuesto maltrato en el Jardín Infantil María Montessori, a la solicitud introducida por las autoridades de ese kínder que busca una reconsideración del cierre del centro escolar.
En el Jardín Infantil María Montessori, situado en una casa de Altamira, las clases continúan, aunque esta vez la exdirectora Nelly Márquez de Alonso las imparte de manera individual, aseguró Jaime Lola, quien dice representar a los más de tres mil alumnos egresados de ese kínder durante los 45 años que funcionó legalmente.
No obstante, Zepeda recordó que “cualquier decisión y cualquier acto que ellos hagan no está sustentado ni respaldado” por el Mined.
“Si vos querés llevar a tu hijo a una casita para que te lo cuiden esa es decisión de los padres de familia, pero el Mined no puede cerrar la casa porque es una casa de habitación. Lo que hizo el Mined es lo que le manda la Ley, suspender la licencia de funcionamiento de ese centro, por lo tanto todo lo que ahí se haga no tiene ningún fundamento legal”, apuntó Zepeda.
Zepeda, quien además es el secretario general de la Asociación Nacional de Estudiantes de Nicaragua (Anden), aseguró que para que un niño ingrese a primer grado “es recomendable” que reciba una educación preescolar.
En su sitio web, el Mined establece que la primaria regular atiende a los niños y adolecentes de “7 a 12 años o mayores de 6 años egresados de la educación preescolar”.
Por su parte, el diputado Carlos Emilio López manifestó que aunque el kínder de Altamira siga atendiendo a los niños, ya quedó fuera de la legalidad. “No pueden ser reconocidos los contenidos educativos, no pueden ser reconocidas las notas, las calificaciones, no puede ser reconocido todo lo que se emite en ese centro”.
López insistió en que la resolución administrativa emitida por el Mined, en la que se declara el cierre de ese centro educativo, debe ser acatada.
Apelación en veremos
El artículo 150 del Manual para el Funcionamiento de Centros Educativos Privados y Subvencionados, del Ministerio de Educación (Mined), establece que “la viceministra resolverá sobre el recurso de apelación en un plazo que no exceda los sesenta días hábiles y podrá convocar a aquellas personas que considere necesario escuchar, para una mejor ilustración de los hechos”.
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