La sistematicidad observada en el despojo de propiedades revela que se está ejecutando un sistema confiscatorio en el país, afirmó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Núñez estimó que las denuncias del empresario Milton Arcia y las expropiaciones a varios dueños de lotes en San Isidro de Bolas, para la construcción de las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), son casos emblemáticos, pero también existen otros hechos graves.
“Yo estoy viendo en todos los últimos casos que se están dando que lo que se está viendo es un sistema de confiscación, ya aquí no es cuestión de expropiar, no es cuestión de declarar de utilidad pública para efectos de reforma agraria o de otra cosa, aquí estamos prácticamente en una estrategia de concentración de la tierra”, afirmó Núñez.
La defensora de derechos humanos estimó que “Nicaragua se está convirtiendo prácticamente en una hacienda; en la propiedad privada de quienes tienen usurpado el poder político en el país”.
“No es casual que lo que estamos viviendo recientemente con el caso de Milton Arcia se una lo que aparece hoy en el titular principal de LA PRENSA, otra expropiación de esta naturaleza (terrenos de la DOEP)”, dijo Núñez, mientras recibía otra denuncia sobre un caso de venta de tierras con títulos falsos, en León.
ARCIA ACUDE A PLAZA EL SOL Y ASAMBLEA
En las primeras horas de ayer el empresario Milton Arcia, acompañado de los secretarios ejecutivos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Marcos Carmona y Álvaro Leiva Sánchez, respectivamente, introdujo una denuncia escrita en las instalaciones de Plaza El Sol. La misma fue dirigida a la jefa de facto de la institución, primera comisionada Aminta Granera, a fin de que investigue la actuación de oficiales subordinados que están ligados “a los atropellos” de los que fue víctima en Moyogalpa, isla de Ometepe, el pasado 3 de abril.
“Hoy soy yo, ustedes van a ser mañana (…) y llega un policía y te vuela al cauce”, expresó Arcia en declaraciones a los periodistas al salir de Plaza El Sol, tras señalar que a consecuencia de su caso hay preocupación de la empresa privada.
Arcia advirtió que “aquí no es cuestión de indemnización ni nada por el estilo, aquí es justicia”. Y dijo que si el caso no es investigado por la Policía, así como por los diputados de la Asamblea Nacional, adonde acudió posteriormente, demuestra que “aquí prácticamente estamos en un país que no vale nada, aquí no hay orden (…), aquí nada más hay un solo poder, da la orden a la Policía y te mandan a sacar de tu casa a patadas y te mata”.
El empresario Milton Arcia fue recibido ayer en la Asamblea Nacional por los diputados de la Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli), quienes ratificaron su intención de solicitar a la Primera Secretaría la creación de una Comisión Investigadora de su caso.
Por su parte, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez dijo que “es absolutamente falso” que el caso de Arcia sea un precedente que afecte la inversión extranjera. “Un caso aislado y peregrino no significa de que vas a contaminar y tratar de transformar, revertir o desvirtuar los excelentes resultados que se han tenido en la gestión económica por parte del Gobierno”, dijo el diputado oficialista.
LA PRENSA/Manuel Esquivel
PROHIBIDO PASAR
Mientras tanto, en la zona donde será construido posiblemente un complejo policial, existen extremas medidas de seguridad.
En la parte suroeste de la misma, muy cercano a una micropresa de la Alcaldía de Managua, permanece un retén resguardado por policías vestidos de civil con radiocomunicadores, así como oficiales uniformados y guardas de una empresa privada. Los uniformados levantaron información de un equipo de LA PRENSA que acudió a la zona para conocer los avances de las obras de construcción, tras advertir de la prohibición de la permanencia en el lugar.
NO HAY VOLUNTAD
El secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez, estimó que el problema radica en que no hay una voluntad política de parte del Gobierno en cumplir lo establecido en el artículo 4, de la Constitución: respeto a la propiedad privada.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, expresó por su parte que los casos como los de Arcia y de San Isidro de Bolas, demuestran que “aquí tenemos un Estado de hecho no de Derecho, aquí tenemos un Estado terrorista que por el hecho de estar denunciando abuso y atropello te ponen a funcionar la maquinaria del Estado con el objetivo de perjudicarte”. Carmona indicó que en el país debe prevalecer el Estado de Derecho y la seguridad jurídica.
DRAMA HUMANO
Para la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, los casos de violaciones al derecho de la propiedad van en ascenso en el país. Y esto lo reafirma con las denuncias que han recibido ante ese organismo. Señaló que en 2014 contabilizaron 92 denuncias de víctimas que han recurrido ante ese organismo de cara a la falta de respuesta de las autoridades y que refleja “el drama humano” que están viviendo los afectados. En lo que va del año el Cenidh ya registra otras 22 denuncias de casos similares.
(Con la colaboración de Leonor Álvarez).
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