La iniciativa de reforma a la legislación del sector de zona franca enviada por el Gobierno encendió las alarmas entre los diputados opositores quienes temen que la Zona Financiera Especial Autónoma propuesta a crearse serviría como un paraíso fiscal.
El 20 de abril pasado, el presidente inconstitucional, Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional la iniciativa de Ley de Reforma al Decreto No. 46-91 de Zonas Francas Industriales de Exportación. Representantes del sector privado desconocían el interés del Gobierno de modificar el sistema.
Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (Anitec), dijo que la iniciativa de reforma al decreto creador de la zona franca la recibió el miércoles pasado, pero debido a que él salió del país no ha revisado los alcances de las modificaciones.
“No puedo comentar al respecto hasta que la haya leído (la propuesta)”, dijo García.
¿Sabían que el Gobierno pretendía reformar la legislación de la zona franca?, ¿se le consultó?
“Que yo sepa no”, respondió García.
LA ZONA FINANCIERA
Hasta ahora el artículo dos del decreto 46-91 contempla la figura de una Zona como estructura donde pueden establecerse y operar “diferentes empresas que se dediquen a la producción y exportación de bienes o servicios, bajo un régimen fiscal y aduanero de excepción”.
La reforma del Ejecutivo agrega otros tipos de figuras en las que puedan operar empresas como Zonas Francas Logísticas, Zonas Francas de Servicios y Zonas Francas de Tercerización.
Pero la nueva figura que más cuestiona el diputado Eliseo Núñez, de la Bancada de la Alianza Partido Liberal Independiente (Bapli), es la de crear una Zona Financiera Especial Autónoma, porque analiza que el Gobierno pretende “utilizar al sector para crear un paraíso fiscal financiero para mover libremente el dinero venezolano o de otro capital”.
Según el documento en esa Zona Financiera “se podrán ofrecer de manera extraterritorial servicios financieros y otras actividad económicas conexas que contribuyan a su desarrollo, pero que para todos los efectos será considerada fuera del territorio, y se creará una ley especial para promulgar sus efectos”.
El legislador Carlos Langrand, también de la Bapli, identifica en esa figura que se apunta a algo simular a la Zona Libre de Colón en Panamá, la cual opera como zona franca y contempla un Centro Financiero Internacional.
Langrand ve positivo que abra la legislación nacional “a nuevos giros de negocios en la zona franca” como puestos de Bolsa de Valores, servicios de contabilidad o empresas de tarjetas de crédito internacional, “siempre que no haya competencia desleal con el actual Sistema Financiero”.
Sin embargo al ser poca la información de cómo sería regulada esa Zona Financiera, Langrand urge que la ley “diga sin errores que se constituirá vigilando celosamente todos los acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua para que no deje duda que se cumplirá rigurosamente en la prevención del lavado de activos”.
Por su parte Núñez sostiene que en la práctica la fiscalización de las autoridades nicaragüenses aún es muy débil sobre el dinero proveniente de paraísos fiscal, e incluso recuerda que en la misma Ley de Concertación Tributaria no hay mecanismos específicos de control sobre esos.
“Para mí lo que pretende el Gobierno es peligroso porque el país para poder echar andar una Zona Financiera de este tipo debe tener controles muy probados y la experiencia de Nicaragua en este tipo de bancas es nula, más si se dice que los negocios que en ella se mueven no la regulará las leyes nacionales como al resto del Sistema Financiero”, dijo Núñez.
El legislador sostiene que en el trasfondo está “la intención de proteger los negocios turbios del Gobierno de Venezuela”.
“El dinero que altos funcionarios de Pdvsa desviaron y han lavado en otros lugares, y por los cuales los están persiguiendo a nivel internacional, bien puede ser introducido en Nicaragua y ser puesta en buen resguardo con esa nueva figura”, afirmó Núñez.
ROCE CON LA OMC
El diputado Eliseo Núñez señala que la Zona Financiera Especial Autónoma que se pretende crear roza con lo permitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) a países con un bajo ingreso percápita, como Nicaragua para permitirle tener un régimen de zona franca.
LA PRENSA no localizó a Álvaro Baltodano, presidente ejecutivo de la Corporación de Zonas Francas, y a Javier Chamorro, director ejecutivo de la agencia oficial de promoción de inversiones ProNicargua. Ninguno devolvió las llamadas y los mensajes enviados a sus números de celular. Tampoco respondió el Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), Víctor Urcuyo.
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