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Urge poner fin a la inequidad fiscal

Nicaragua necesita con urgencia un debate nacional abierto, serio e incluyente sobre su política fiscal, que no solo extirpe la inequidad tributaria que pesa sobre los empobrecidos ingresos de la clase media nicaragüense.

Nicaragua necesita con urgencia un debate nacional abierto, serio e incluyente sobre su política fiscal, que no solo extirpe la inequidad tributaria que pesa sobre los empobrecidos ingresos de la clase media nicaragüense, sino que también revise cada una de las exoneraciones y exenciones que otorga el Estado y el impacto de estas en la economía. En ese planteamiento coincidieron ayer especialistas durante la presentación del análisis Balance de la Ley de Concertación Tributaria, dos años después de su vigencia.

Julio Francisco Báez, presidente del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (Iniet), desmenuzó ayer durante un foro-debate el último fracaso del Gobierno de acabar con la inequidad fiscal con la Ley de Concertación Tributaria, que se puso en vigencia en 2013.

Báez considera que en lugar de lograr una ley que volviera el sistema tributario de Nicaragua mucho más justo, más bien profundizó la inequidad de forma casi “alarmante”, principalmente a lo que se refiere las exoneraciones y exenciones.

En su balance, el presidente del Iniet pone en relieve la contradicción de lo que una vez prometió el presidente inconstitucional Daniel Ortega cuando el primero de marzo de 2007 dijo: “Tenemos que hacer un esfuerzo realmente aquí en Nicaragua, para acabar con (las) exoneraciones. ¡Porque se prestan a todo! ¡Es una desgracia!… ¡Queremos que todo mundo pague! Y realmente, que sea solamente aquello totalmente social, que tenemos que ver bien lo que quedará exonerado”.

Pero el Gobierno, según Báez, en lugar de hacer realidad esa promesa con la Ley de Concertación Tributaria en una reforma que hizo en diciembre pasado ordenó darlas ilimitadamente, derogando los artículos 287 y 288 que establecían plazos y exigían de los empresarios un mayor esfuerzo de inversión para retenerlas.

Según Báez, la raíz del problema de las exoneraciones y exenciones radica en dos realidades: ausencia de una política nacional de incentivos fiscales, no solo de exoneraciones y desconocimiento ciudadano del sacrificio social y económico que implica el manejo anárquico de las exenciones por parte de quienes unilateralmente pueden “concertar” y “decidir en nombre de todos”.

POLÍTICA FISCAL EFICIENTE ES URGENTE

El problema es que mientras el país apuesta en mantener las exoneraciones y exenciones, cuyo uso e impacto se desconocen, hay un capital humano nicaragüense carente de inversión, capaz de impulsar mayor crecimiento económico.

Es por esa razón que el economista Adolfo Acevedo, quien participó como comentarista en el debate, abogó por encontrar una política fiscal que sirva para aprovechar al última oportunidad que tiene el país para salir de la pobreza a través de su bono demográfico, antes de que arranque en los próximos treinta años el proceso pleno de envejecimiento de la población.

“El proceso de envejecimiento de la población en Nicaragua está avanzando tres o cuatro veces más rápido que lo que le tomó a países europeos y eso representa un problema de viabilidad fundamental para este país”, alertó.

Acevedo dijo que urge invertir en capital humano en Nicaragua para elevar los bajísimos niveles de productividad en los sectores clave para el país, como la agricultura, que genera gran parte del empleo.

“Si no invertimos ahora no vamos a poder enfrentar los gigantescos desafíos de Nicaragua… Hay que transformar la infraestructura productiva, diversificarla relativamente acelerada para que en vez de generar siete de cada diez empleos precarios, empiece a crear empleos de mayor productividad ”, apunta.

Y en ese sentido, Báez recuerda que uno de los sectores que más beneficios fiscales se da en este país es el agropecuario, cuyo aporte anual al Fisco inclusive es raquítico.

AUMENTAR EL GASTO SOCIAL

El economista José Luis Medal, por su parte, dijo que urge introducirle mayor dosis de progresividad al sistema tributario nacional y aumentar la presión fiscal para elevar el gasto social, principalmente en educación y salud.

“Aquí en Nicaragua nunca ha habido realmente intento de establecer un sistema tributario basado en la generalidad y neutralidad de los tributos”, enfatizó Medal, quien recordó que desde 1995 el Fondo Monetario Internacional recomendó a Nicaragua “que se desmantelaran las exoneraciones y tratamientos fiscales especiales”.

Medal indicó que extrañamente sectores como comercio e industria no protestan pese a que sin gozar de tratamientos fiscales especiales son grandes generadores de empleo.

Wendy Álvarez, coeditora de la sección Activos de LA PRENSA y quien participó como comentarista, mencionó que esa misma insistencia hizo al Gobierno el FMI en su última visita en marzo pasado, el cual recordó que si se eliminaran las exoneraciones y exenciones “el potencial incremento de los ingresos (fiscales) puede llegar al seis y 6.5 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto)”.

Álvarez insistió en la necesidad de reorientar mayor gasto público en aquellos nicaragüenses en condición de pobreza, los que representan más del cuarenta por ciento de la población nacional.

También cuestionó la posición del Gobierno de bloquear cualquier acceso a la información sobre lo que se estaba negociando cuando se comenzó —en 2012— a formular la Ley, violentando no solo el derecho constitucional de los ciudadanos de tener acceso a información veraz, sino que “sepultó cualquier posibilidad de abrir un debate nacional sobre la política fiscal que requiere el país para sacar a más de dos millones de nicaragüenses que viven con menos de dos dólares al día”.

“Sobre la mesa nunca se conoció un documento que recogiera las propuestas de los distintos sectores que debieron formar parte de esta discusión: Gobierno, la gran empresa, organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo, la de los trabajadores, sobre los que recae la responsabilidad de aportar gran parte de los ingresos tributario, tanto vía impuestos directos como indirectos”, enfatizó Álvarez.

EL FUTURO ESTÁ EN JUEGO

Aguilar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana (UAM), dijo que las decisiones como nación que se tomen hoy serán clave para el futuro de Nicaragua.

“Lo que nosotros somos y seremos como nación va a estar determinado probablemente por lo que suceda en ciertos asuntos que hoy por hoy constituyen los más grandes desafíos que tiene Nicaragua”, dijo.

“Qué va a ocurrir con el medioambiente y los recursos naturales de nuestro país… y la estructura poblacional… qué va a pasar con su educación, salud y su incorporación en el mercado de trabajo, entre otros”. Estos desafíos van estrechamente relacionados con la política fiscal del país, que será la que permitirá obtener los recursos necesarios para atenderlos.

MÁS PARTICIPACIÓN

Alejandro Aguilar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana (UAM), insistió en la necesidad de impulsar en Nicaragua un proceso de discusión sobre los desafíos del país con un enfoque más participativo e inclusivo.

“Por más que se insiste y se diga que es suficiente que el Gobierno de Nicaragua negocie la política tributaria, o una parte de la política fiscal con un sector del empresariado y un sector de los trabajadores, en realidad es totalmente insuficiente… tiene que ser un proceso inclusivo y participativo”, dijo.

Economía inequidad fiscal archivo

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