La creación inmediata de una comisión, un registro único de los exmilitares y determinar la entrega de una indemnización o una jubilación a los reclamantes es parte de la propuesta para la reglamentación de la Ley 830, que beneficia a excombatientes, presentada ayer por el grupo de exmilitares de la Asociación Defensores de la Patria.
Exponen los exmilitares que de determinar una indemnización, la misma debe estar comprendida entre 5,000 dólares y 15,000 dólares, según los años de servicio del beneficiado.
Y en caso de que opten por la jubilación, que la misma sea equivalente a lo que reciben los oficiales que recientemente salen de la institución, con pensiones que van de 300 dólares a 500 dólares al mes.
Carlos Ramírez, representante de la Asociación, consideró que el Gobierno tiene capacidad para resolver sus demandas, pues cuenta con presupuesto para adquirir aeronaves, pero señaló que no existe la voluntad para darles respuesta.
Los exmilitares también presentaron una iniciativa para que se revisen las pensiones de las víctimas de guerra y sea debatida junto con la de los adultos mayores, pues actualmente algunos reciben pensiones de 400 a 800 córdobas al mes.
Ramírez alegó que hay casos de compañeros suyos que reciben pensiones muy por debajo, a la designada a los adultos mayores, cuando muchos padecen diversas enfermedades y son lisiados de guerra.
Ese grupo de exmilitares ha mantenido una protesta de reclamos al Gobierno desde hace más de tres meses en predios de la Cruz Roja, donde varios de ellos se han sometido a un ayuno voluntario, de forma alternada, como un mecanismo de presión.
SANDINISTAS LOS IGNORAN
El presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Filiberto Rodríguez, reconoció la falta de reglamentación de la Ley Especial para la Atención a Excombatientes por la Paz, Unidad y Reconciliación Nacional (Ley 830); sin embargo, asegura que se está atendiendo las demandas de los desmovilizados desde los municipios, ignorando el reclamo de los militares retirados que llegaron ayer a la Asamblea Nacional.
El diputado sandinista también justificó la falta de cumplimiento de las demandas de los exmilitares, diciendo que el Gobierno aún no está en “bonanza económica”.
120,000
excombatientes podría ser el número que reclame beneficios al Gobierno conforme con la Ley 830, según Carlos Ramírez, representante de la Asociación Defensores de la Patria, que urge realizar un registro único.
YA LES APLICAN LA LEY, DICEN
Mientras eran escuchados por los diputados Luis Callejas y Carlos Langrand, el representante de la agrupación de exmilitares, Carlos Ramírez, expuso que cuando alguno de sus miembros ha acudido al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), las autoridades utilizan la Ley para negar las pensiones, pero en otros casos aduce que la misma no está reglamentada.
Langrand les expuso: “Nosotros hicimos una ley para los nicaragüenses que fueron afectados en ese conflicto armado. Es que tenemos que entender que esta no es una ley para determinado partido político, no es una ley que te obliga a decir sí señor, no es una ley que te dice ni te obliga a decir que vivís bonito”.
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