Vaya por delante mi convicción de que al final de la historia la respuesta a la interrogante que da título a este artículo será negativa. Con todo, he de decir que he conocido un hecho que con gran preocupación me ha llevado a planteármelo. ¿Cuál es este hecho y por qué un profesor español de la Universidad de Barcelona se interesa por el mismo?
El hecho es el siguiente: el Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNAN-León, tras seguir un procedimiento disciplinario, ha elevado una recomendación al Consejo Universitario de la propia universidad para que este organismo cancele el nombramiento del doctor Gabriel Álvarez Argüello como profesor titular de Derecho Constitucional, es decir, para que este académico sea expulsado de la universidad.
En cuanto a mi vinculación con este asunto, esta tiene un doble motivo. Por una parte, Gabriel Álvarez ha sido alumno mío en Nicaragua y en España y desde hace años colaboramos estrechamente en actividades docentes y de investigación en América Latina y en Europa. Ello me ha permitido constatar que Gabriel Álvarez es uno de los mejores constitucionalistas nicaragüenses y que goza de gran prestigio en diversos foros académicos y mediáticos de uno y otro lado del Atlántico. Por otra parte, la UNAN-León, y en particular su facultad de Derecho, es mi segunda universidad, ya que desde el año 1986 he venido desarrollando con regularidad actividades académicas de todo tipo en dicho centro universitario. A lo largo de esta prolongada relación de casi treinta años con la UNAN-León siempre he apreciado el alto espíritu universitario que la caracteriza, con sus intrínsecas notas de libertad y sentido crítico y he agradecido con emoción las generosas distinciones con las que me ha honrado.
Enunciada la gravedad del caso y las razones de mi honda preocupación por el mismo, no me corresponde entrar a discutir los hechos que han motivado el procedimiento disciplinario contra el profesor Gabriel Álvarez ni su calificación como muy graves con arreglo al estatuto de la UNAN-León. Conociendo como conozco a Gabriel Álvarez debo manifestar mi sorpresa ante el hecho de que se le imputen faltas muy graves en el desempeño de su actividad universitaria, pero, insisto, no voy a cuestionar la instrucción del expediente administrativo llevada a cabo por el Consejo Facultativo.
Ahora bien, lo que sí estoy dispuesto a discutir con firmeza es la propuesta de sanción elevada por el Consejo Facultativo. Resulta que de las cuatro posibles sanciones para las faltas muy graves, en conformidad con el artículo 151 del estatuto de la UNAN-León, se ha optado por la más grave e irreversible: la cancelación del nombramiento como profesor. Había otras alternativas (suspensión de funciones sin salario hasta tres meses o hasta seis meses, modificación del nombramiento), pero el Consejo Facultativo ha elegido a las primeras de cambio y sin motivación explícita para ello la más contundente e irreparable. No acierto a comprender el motivo de esta concreta sanción. Es más, me parece un despropósito que la UNAN-León se permita el lujo de prescindir a perpetuidad de un profesor de la talla intelectual del profesor Gabriel Álvarez.
Llegados aquí surge la gran interrogante: ¿será la sanción propuesta el fruto de presiones políticas por la conocida e incisiva posición crítica del profesor Gabriel Álvarez con respecto a los actuales gobernantes de Nicaragua? Como he señalado al principio, no creo que en la UNAN-León se vaya a practicar la caza de brujas, pero si este asunto acaba con la expulsión de Gabriel Álvarez de la universidad leonesa seremos muchos los que, dentro y fuera de Nicaragua, lo interpretaremos como un episodio de esta naturaleza.
El autor es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Profesor Honorario y Decano Emérito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNAN-León.
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