El jurista Gabriel Álvarez Argüello, una voz crítica del Gobierno, está siendo víctima de una trama del orteguismo que domina la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de León (UNAN-León), donde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales creó un proceso disciplinario, cuya comisión investigadora recomendó, en marzo de este año, cancelar el nombramiento de Álvarez como docente.
Álvarez, quien aún imparte clases de Derecho Constitucional en la UNAN-León, explicó que la recomendación de la comisión es ya casi una decisión tomada.
La comisión investigadora basa su resolución sobre el testimonio de tres estudiantes (Rodolfo Ramos, Yeltzin Andrade Garzón y Fabricio Galo), de los más de 150 que tuvo Álvarez en el curso pasado, para dar por sentado que el jurista es autor de maltrato. Los estudiantes aseguran que sus compañeros le tenían “temor” a Álvarez y que algunos desertaron de la clase.
Al jurista se le realizó un proceso disciplinario por supuestas inasistencias a clases, llegadas tarde a impartir clases, no asistir a reuniones de docentes, supuesto maltrato a estudiantes y a un miembro del personal administrativo, así como por entregas tardías de evaluaciones.
Álvarez niega haber incurrido en las faltas que se le achacan, aunque reconoce que, al igual que otros catedráticos de la UNAN-León, no siempre puede estar en todas las reuniones de docentes.
EN FEBRERO INICIARON LAS PRESIONES
Álvarez, quien vive en Managua y viajaba dos o tres veces a la semana para dar clases en León, relata que el 3 de febrero pasado lo llamaron de la Facultad para pedirle que llegara los cinco días de la semana, lo cual él consideró injusto porque no es docente de planta y le estaban dificultando su labor. Aceptó la nueva instrucción aunque le sintió “un olor raro” a la situación.
Al día siguiente le estaban notificando que había un proceso disciplinario en su contra, lo cual le lleva a pensar que primero trataron de que él renunciara, pero como no lo lograron, iniciaron otra manera para sacarlo de la universidad.
Álvarez explica que él es un profesional del Derecho que critica al Gobierno cuando considera que se están violentando las leyes desde su visión profesional, pero no política y que desde hace tiempo venía escuchando de una lista de profesores de la UNAN-León que serían expulsados de la misma por no tener la misma ideología del partido gobernante.
LA DECISIÓN LA TOMÓ EL PARTIDO
Luego se enteró que en una reunión de miembros del Frente Sandinista (FSLN) en la universidad se decidió que él sería sacado de la misma.
Ahora, tras ser notificado de la resolución de la comisión, Álvarez considera que “todo es un montaje”, que la decisión es desproporcionada, muy severa para lo que se le acusa, especialmente porque no le han probado nada y se han basado en “declaraciones vagas”, sin fundamento, y espera estar equivocado pero cree que la decisión de quitarle su nombramiento no es una decisión propiamente de las autoridades universitarias, sino de la intolerancia del Gobierno, del menoscabo de la autonomía universitaria y la injerencia de un partido político en la UNAN-León.
“Me siento atropellado, ultrajado”, expresa Álvarez, quien dice no haberse puesto a analizar cuánto será afectado económicamente, pues entre otras cosas está en juego su jubilación, pero principalmente el tiempo que le ha dedicado a la docencia, su vida profesional y su derecho a aportar a la sociedad desde las aulas de una universidad pública.
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