Recientemente me escribió un compañero de la universidad invitándome de forma sarcástica a escribir sobre el caso de Gabriel Álvarez, enfatizando en el sesenta por ciento de inasistencia a sus clases. Me recordó además, las quejas que interpuse contra nuestro profesor de Derecho Administrativo por faltar al treinta por ciento de las clases e inventarse las calificaciones, así como la solicitud de cambio del profesor de Derecho Mercantil, quien en sus dos primeras semanas de clases nos repetía constantemente que él no metía ni sacaba presos, al final tampoco nos dio la clase.
A mi amigo le aclaro que mi compromiso con la calidad educativa no se forjó en la Universidad Centroamericana (UCA), si no en el Instituto Eliseo Picado en Matagalpa, cuando siendo presidente del gobierno estudiantil impulsé una investigación sobre los “círculos de estudio” que impartían algunos profesores de cara a las evaluaciones, lo que derivó en la cancelación del contrato de un profesor y la amonestación de dos más. En el mismo centro educativo impulsé una consulta directa a los estudiantes de los quintos años, sobre la aplicación o no de un examen, ya que con tres días de diferencia y sin avanzar en contenido se aplicarían dos calendario de exámenes, la razón de fondo era que de los diez pesos por derecho a examen que se pagaban, siete le quedaban al profesores guía. Perdí la consulta, pero democraticé la decisión.
Dicho esto, no puedo pronunciarme sobre las ausencias del doctor Álvarez, pero sí sobre el derecho a la libertad de cátedra de un académico que cumple su verdadero rol, crear una conciencia crítica de la realidad en sus alumnos.
La libertad de cátedra es el hijo primogénito de la autonomía universitaria, la cual reivindica la resistencia a las injerencias arbitrarias del poder en las universidades. La visión de estado corporativo aplicado en los años ochenta y reeditado por Ortega en la actualidad, han anulado la autonomía universitaria, no hay dirigencia estudiantil o autoridad académica que deba su cargo, y por ende su gestión al régimen en las universidades públicas. La dignidad de estas personas es inversamente proporcional a sus salarios y prebendas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró en el caso de Ricardo Israel Zipper (Informe 110/09) que es una injerencia arbitraria en la libertad de cátedra la suspensión de un cargo o cualquier otro acto que tenga como móvil, silenciar o inhibir las expresiones de un profesor, pueden acarrear violación a la libertad de pensamiento y expresión, siempre que se demuestre que dichos actos guardan relación con las expresiones de la presunta víctima y tuvieron como objeto silenciar o intimidar a otras personas. No se protege el cargo, sino injerencias arbitrarias a la libertad de cátedra o que se afecten derechos del docente en represalia por informaciones, ideas u opiniones que hubiese podido expresar en el ejercicio de su libertad de cátedra (párrafos 63 y 65).
Es obligación del Estado respetar los derechos humanos, así como hacer que estos sean respetados y por lo tanto, si la UNAN-León no brindó las garantías del debido proceso al doctor Álvarez y esto no es corregido por el poder judicial, se estaría violentando el derecho al recurso efectivo y libertad de expresión y conciencia, en la modalidad específica de libertad de cátedra, todo ello al mismo tiempo.
No tengo duda que el doctor Álvarez tiene la capacidad intelectual y sobre todo la entereza moral de llevar su caso a instancias internacionales de ser necesario. Este caso, tiene el potencial, no solo de evidenciar la intolerancia del régimen, sino de ser un parte aguas en la lucha por recuperar la autonomía universitaria.
El autor es maestro en Derechos Humanos.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
