La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su “profunda preocupación” por la falta de cumplimiento de las medidas cautelares que dictó el 20 de abril a favor de los opositores Leopoldo López, coordinador del partido Voluntad Popular (VP); y Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, presos desde hace más de un año acusados de instigar la violencia en una serie de protestas antigubernamentales durante el primer semestre de 2014.
En abril, la CIDH instó a Venezuela a proteger a ambos líderes opositores, que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontraría en riesgo” al estar presos supuestamente en deplorables condiciones para su salud.
Ambos líderes iniciaron una huelga de hambre hace siete días, a la que se sumaron varios simpatizantes, y con la que reclaman la liberación de los “presos políticos”, el cese de la represión y la censura, así como una fecha para las elecciones parlamentarias.
El anuncio de la huelga de hambre se produjo poco después de que Ceballos fuese trasladado del penal militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, a una cárcel civil en el Estado Guárico. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseguró que el traslado de prisión contó con una autorización judicial, aunque la esposa y los abogados de Ceballos cuestionan la existencia de esta orden porque, según aseguran, no fueron notificados del traslado ni tuvieron acceso a dicho documento.
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