El jurista Gabriel Álvarez fue expulsado el viernes 5 de junio como docente de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de León (UNAN-León) por el consejo universitario.
La destitución de Álvarez, crítico de las ilegalidades que comete el actual Gobierno inconstitucional de Daniel Ortega, se da luego de que el orteguismo que domina la universidad le armara una trama a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la cual le creó un proceso disciplinario, cuya comisión investigadora recomendó, en marzo de este año, cancelar el nombramiento de Álvarez como docente.
Al jurista se le realizó un proceso disciplinario por supuestas inasistencias a clases, llegadas tarde a impartir clases, no asistir a reuniones de docentes, supuesto maltrato a estudiantes y a un miembro del personal administrativo, así como por entregas tardías de evaluaciones.
En la decisión final que tomó el consejo universitario, explica Álvarez, se tomó en cuenta que el afectado pidió hace ocho años ser cambiado de profesor a tiempo completo a medio tiempo, pero el jurista explica que más bien eso significa que él fue honesto cuando vio que no podía cumplir con la carga horaria de tiempo.
Álvarez ya presentó un recurso de rectificación ante el consejo universitario, ya que mantiene que son falsas las acusaciones que se vertieron contra él y, además, el proceso que le hicieron tiene anomalías. “En mi escrito digo que se viola el debido proceso, el estatuto de la universidad y queda al descubierto que se trata de intolerancia política porque su autonomía (de la universidad) se encuentra sometida al partido de gobierno (FSLN)”, expresó el jurista.
MASIVA SOLIDARIDAD
Unos 55 juristas de América Latina, Estados Unidos y España mostraron su solidaridad con Álvarez a través de un pronunciamiento.
“Dejamos expresada nuestra solidaridad con la situación del profesor Gabriel Alvarez Argüello y hacemos un llamado a las autoridades de la UNAN-León a considerar seriamente las implicaciones de esta decisión para el futuro de la universidad, la autonomía universitaria y el país”, dicen los juristas.
Los juristas señalan que “el empleo de un procedimiento disciplinario para expulsar de la universidad a un docente por sus ideas es un acto de intolerancia, que es contrario a lo que la universidad ha representado para el progreso humano, ya que su propósito es justamente promover la diversidad, el respeto y la tolerancia”.