Las políticas fiscales en Centroamérica y República Dominicana son similares. La mayor carga tributaria recae en los asalariados mediante impuestos directos e indirectos promediando el treinta por ciento, mientras los grupos económicos —especialmente los grandes capitales— gozan de amplias exoneraciones y exenciones que oscilan entre el 5 y 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países.
Reiterando que la distorsión del sistema profundiza la desigualdad, la Red Centroamericana de Justicia Fiscal (RCJF) emitió ayer la Declaratoria de Managua, mediante la cual exige a los gobiernos emprender “verdaderas reformas tributarias”, empezando por transparentar el gasto público, pero sobre todo informar qué beneficio en empleo y empuje al desarrollo de las naciones se obtiene de las exoneraciones al empresariado.
La declaratoria fue en el marco del II Seminario Centroamericano de Justifica Fiscal. En el evento se discutieron las últimas reformas fiscales en la región y se presentó el libro Política fiscal, expresión de las élites centroamericanas, en el cual su autor, Hugo Noé Pino, sostiene que “la mayor parte de las exoneraciones obedecen a las influencias de diferentes élites económicas” en las estructuras políticas, pero “son poco efectivas” en el crecimiento económico.
Pino, economista, exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de Honduras, expuso que en ese país estudios recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluyen que las exoneraciones fiscales alcanzan entre el seis y ocho por ciento del PIB.
“Son exoneraciones que están en más de doscientas leyes y representan en el fondo, no estímulos para generación de empleos y exportaciones, sino privilegios económicos para grupos específicos vinculados al poder político”, afirmó Pino.
“Se ha llegado a tal grado que Honduras ahora es mundialmente conocida por el ejemplo del extremo de las exoneraciones, como es el caso a las comidas rápidas. Las transnacionales, como Pizza Hut, Burger King y similares, fueron introducidas en la Ley de Turismo Nacional para que no pagaran IR (Impuesto sobre la Renta) ni sobre las ventas, aduciendo que eso atraía al turismo”, cuestionó Pino, exdirector ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Insistió en que “no aprendemos”, señalando especialmente a los gobiernos de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, que “con esa mentalidad de que dar exoneraciones para atraer inversión” privada doméstica y extranjera se deja al Estado sin recursos para atender las demandas básicas de salud y educación de los ciudadanos.
“La inversión se desarrolla donde hay seguridad jurídica, seguridad ciudadana, mano de obra capacitada, por eso no es ninguna sorpresa que —según los últimos datos— casi el 65 por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED) vaya a Costa Rica y Panamá”, refirió Pino.
Exigen transparencia
En la declaración de la Red Centroamericana de Justicia Fiscal (RCJF) se demanda a los gobiernos que el gasto público privilegie la protección, promoción y realización de los derechos humanos y rendir cuentas de su uso.
Además se pide avanzar en formular reformas tributarias que transformen los sistemas en esquemas progresivos donde se eliminen los privilegios fiscales “que únicamente han logrado la formación de élites económicas incapaces de competir en el mercado internacional”.
La declaratoria expone que “a la par de la desigualdad en la distribución de los ingresos se ha incrementado la desconfianza hacia el modelo político existente, en gran medida por las prácticas fiscales poco transparentes y plagadas de privilegios para unos cuantos”.
Hacienda incumple
Alejandro Aguilar, presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), recordó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) no ha cumplido el mandato de la Ley de Concertación Tributaria (LCT) y del Presupuesto General de la República en publicar un informe sobre quiénes reciben exoneraciones y exenciones fiscales y cuál ha sido el beneficio recibido por el país.
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