El Estado de Nicaragua sigue sin dar explicación alguna del porqué mantiene detenidos desde el jueves 2 de julio a seis ciudadanos hondureños, aunque la Policía de ese país aclaró a través de un comunicado que los detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua “no tienen requerimiento judicial en Honduras”.
Esta aclaración se originó precisamente por una solicitud realizada por autoridades policiales nicaragüenses sobre la situación jurídica de los ciudadanos.
Los seis detenidos son integrantes de la familia Sarmiento, originaria del departamento de Olancho, Honduras, y según familiares de estos en Nicaragua, llegaron al país porque están en proceso de solicitud de refugio, ya que en su país han enfrentado “reiterados actos de persecución”, según afirmó Violeta Delgado, familiar de los Sarmiento.
No obstante, en el comunicado la Policía hondureña señaló que “en ningún momento los integrantes de la familia Sarmiento están siendo objeto de algún tipo de persecución”.
Además de los integrantes de la familia Sarmiento, durante la detención fue llevado a las celdas de la DAJ Salvador Delgado, propietario de la casa allanada y a quien la Policía aún no le ha entregado las escrituras de dicha vivienda.
Según Delgado, la familia Sarmiento “es una de las familias más viejas de Olancho, son empresarios, ganaderos, son líderes políticos del departamento. Son una familia emblemática y su apoyo ha sido clave para la llegada a la Presidencia de candidatos surgidos del departamento de Olancho, como en el caso de Mel (Manuel) Zelaya y Pepe (Porfirio) Lobo”.
Delgado aseguró que Ulises Sarmiento, patriarca de la familia y quien fue puesto en libertad el viernes, es un referente político y moral del Partido Libertad y Refundación (Libre) y esto lo ha convertido en un foco sujeto a reiterados actos de violencia en su contra, como el asesinato de su esposa hace dos años.
Delgado aseguró que en mayo de este año los Sarmiento soportaron allanamientos en sus viviendas y por eso tomaron la decisión de venir a Nicaragua “en busca de apoyo y respaldo político de parte de los líderes revolucionarios, a los cuales acogieron en su momento en Honduras”.
COLABORADORES DEL FRENTE SANDINISTA
“Ellos fueron colaboradores históricos del Frente (Sandinista), no solamente facilitando sus haciendas para escuelas de entrenamiento, protegiendo a los guerrilleros, facilitando dinero para la compra de armas, fueron colaboradores beligerantes de este grupo guerrillero y bueno, en busca de eso, decidieron asilarse, buscar asilo político en Nicaragua”, afirmó Delgado.
La pariente de los Sarmiento Delgado detalló que la familia ya se había entrevistado con Omar Cabezas, procurador de Derechos Humanos y habían ido a Migración para regularizar su situación migratoria “y de repente se dio este operativo sin haber ninguna acusación”.
“DIVORCIADOS” DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Para Carrión, la detención de los integrantes de esta familia “pone al desnudo cómo estamos nosotros con un Estado jurídicamente divorciado del cumplimiento de las obligaciones de los derechos humanos”.
Carrión explicó que el Estado de Nicaragua no puede devolver al Estado de Honduras a los detenidos porque estaría violentando el Principio de No Devolución establecido en el Estatuto de los Refugiados de 1951 y que es un principio de derecho internacional en materia de refugio y asilo, más bien Nicaragua está obligado a protegerlos.
En cuanto al proceso de solicitud de refugio, Carrión detalló que si bien los ciudadanos lo solicitan al Estado, al territorio donde están, el mecanismo jurídico es a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y esto constituye un proceso de rigor internacional.
“Aquí (en Nicaragua) lo que hay es una mala práctica, mala costumbre, de abusar con los derechos humanos de la gente, tanto nacionales como extranjeros”, señaló Carrión.
NO SE SABE NADA DE TICO DETENIDO
Sobre la detención del ciudadano costarricense José Daniel Gil Trejos (55), ocurrida el 26 de mayo de este año, Gonzalo Carrión —director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos— aseguró que no saben nada, ya que han realizado varias solicitudes de información a la Policía Nacional pero esta no ha respondido.
Según Carrión, el problema de este caso es el procedimiento, porque debe existir una causa legal previamente establecida y demostrada por el Estado que lo requiere al Estado requerido, que en este caso es Nicaragua.
8 personas fueron detenidas sin explicación el 2 de julio. De estas, dos fueron liberadas y continúan seis detenidas en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,4 A
